La Alianza Evangélica ante la proposición de ley de Proposición de Ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de LGTBI”

Los protestantes hemos vivido en el estado español un pasado de sufrimiento y persecución, desde el hostigamiento social a la eliminación física; hace falta impulsar y consolidar un cambio de concepción social sobre nosotros. Procede, por tanto, crear políticas proactivas y una ley de igualdad real que supere la histórica invisibilidad y falta de reconocimiento de nuestros derechos. Los poderes públicos, deberán, consecuentemente, promover la visibilidad de los protestantes y celebrarán nuestras fechas conmemorativas. Será obligatoria la formación en protestantismo y la sensibilización adecuada de los profesionales que trabajen en los ámbitos laboral, de la salud, educación, servicios sociales, justicia, cuerpos de seguridad, seguridad privada, funcionarios de prisiones, personal de centro de menores, deporte, ocio y comunicación. Se promocionará la investigación científica, sociológica y cultural sobre protestantismo. Todas las Administraciones Públicas promoverán la participación y representación de los protestantes en la esfera pública. Se creará una Agencia Estatal contra la discriminación por protestantismo; en ella estarán representadas las organizaciones evangélicas, que tendrán capacidad decisiva autónoma en las cuestiones que les atañen de manera específica. Se creará una Comisión Interministerial de políticas para los protestantes. Se desarrollarán cursos de sensibilización y capacitación en los centros de formación permanente del profesorado, que incorporarán la perspectiva protestante. Desde la educación infantil hasta la universidad, se integrará la doctrina protestante en los curricula. En las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento al empleo se tendrán en cuenta criterios de igualdad de oportunidades para los protestantes. Se garantizará la existencia de fondos bibliográficos de temática protestante, obligatorios en las bibliotecas de centros educativos y poblaciones de más de 20.000 habitantes, y estarán coordinados con el Centro Nacional de Memoria Histórica del Protestantismo, que la Administración creará con financiación pública. Cuando un protestante alegue discriminación por razón de su fe y aporte indicios fundamentados, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable. Queda prohibido predicarle a un protestante para convertirlo a otra creencia o religión utilizando argumentos “de aversión”, aún si él lo pide.

No necesitan decirlo ustedes; lo decimos nosotros: todo esto sería absolutamente improcedente porque impondría privilegios incompatibles con una sociedad democrática en la que todas las personas son iguales. ¿Por qué es improcedente para los protestantes y no lo es para el colectivo LGTBI? ¿Acaso aquellos ciudadanos del colectivo LGTBI son “más iguales que los demás”? ¿Acaso están en una especial situación de riesgo que los diferencia de otros grupos sociales perseguidos en el pasado y exige una especial protección? La propia proposición de ley no presenta evidencia objetiva alguna que lo pruebe 1. La realidad es que hace años que en la administración, en los medios de comunicación, en las manifestaciones culturales, etc., no se escuchan posicionamientos críticos con el colectivo LGTBI; los podemos encontrar dirigidos contra otros grupos sociales, pero los postulados y la imagen de ese colectivo son intocables y cualquier discrepancia es atajada con la acusación de “homofobia”.

La proposición de ley y el odio, el prejuicio y la intolerancia

La proposición de ley que analizamos se presenta como un avance frente al odio y el prejuicio. Los protestantes somos especialmente sensibles a las dos cosas, porque las hemos sufrido como nadie en carne propia, igual que la discriminación por razón de religión. Nuestra historia particular nos enseña que odio, prejuicio e intolerancia están profundamente enraizados porque no dependen tanto de ideologías como de mentalidades, y éstas tardan generaciones en ser modificadas. La lectura de este proyecto nos demuestra que persisten aún hoy: la redacción del mismo está impregnada de prejuicio e intolerancia y, al igual que los antiguos dogmáticos, es incapaz de distinguir entre respeto a las personas y derecho a la discrepancia; promueve así la discriminación por razón de opinión.
Los protestantes amamos la tolerancia, y esta se demuestra permitiendo que cada uno pueda, por ejemplo, educar a sus hijos de acuerdo con los valores que asume, pero la proposición de ley pone limitaciones a esto. Los protestantes amamos la diversidad, y el respeto a esta se implementa desde el derecho a discrepar y a expresarlo públicamente, pero la proposición de ley limita este derecho. La diversidad es incompatible con los dogmas impuestos desde la ideología, pero todo el texto está cargado de ideología y vacío de apoyo científico, y en un tema como este es temerario ignorar lo que dice la investigación médica 2.

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La proposición de ley y el progresismo

El progreso social no lo definen las élites con agenda propia, sino se construye entre todos, escuchando a todos, y se demuestra en sus efectos. El progreso no se desarrolla desde los valores impuestos por lobbies; debemos reevaluar continuamente qué es lo que estamos asumiendo como “progresista” y por qué, en vez de acatar acríticamente las proclamas de moda. No es la primera vez que caemos en esto: alguien tan avanzado como Gregorio Marañón saludaba el advenimiento de la República –que los protestantes también recibimos con alegría, pero por otras razones– diciendo que suponía “vida nueva, universal, abierta a los progresos justos. Y que es esto lo que, en efecto, significa, lo demuestra bien el hecho de que hoy podamos hablar así de eugenesia.”3 En su tiempo muchos asociaron como él, acríticamente, eugenesia con progreso, olvidando que el progreso no es un slogan,
sino se demuestra en sus efectos, y los de la eugenesia se evidenciaron bien en la Alemania nazi. Tenemos aquí una fundamental llamada de atención para el tema que nos ocupa.
Para evaluar la propuesta de ley, no podemos asumir irreflexivamente que es progresista porque así lo dice mucha gente, sino debemos preguntarnos qué tipo de sociedad promueve: ¿una sociedad impregnada de tolerancia o de dogmatismo? ¿de diversidad o de pensamiento único? ¿de respeto o de amenaza? ¿de libertad o de coerción? ¿abierta a la libertad de expresión o vigilada bajo tutela? ¿redactada por un lobby con agenda propia o redactada teniendo en cuenta la diversidad social?

La proposición de ley y el pensamiento único

Se establecen de entrada postulados que no obedecen a criterios científicos, sino ideológicos, que se presentan como verdades universales y objetivas; así el proyecto establece desde el principio que “el género es una categoría humana que puede estar en constante evolución y como tal tiene que ser percibida como una experiencia vital, un recorrido diverso en tiempos y forma”; es este un dogma basado en la ideología, no en la evidencia científica, y desde los dogmas no se puede construir democracia ni progreso.
Se pretende imponer una única forma de entender las cosas, empezando por una terminología específica; así, a la normal congruencia entre la “identidad biológica” y la “identidad de género” se le adjudica el término “cisexualidad”, como si fuese una variante más de la normalidad, sin apoyarse para ello en criterio científico alguno. Se asume igualmente sin sustento científico que cuando hay una discrepancia entre ambas identidades, lo razonable es corregir la realidad física con tratamientos complejos y consecuencias irreversibles.
Sobre estos postulados se desarrolla todo un articulado que no da pie a la diferencia de pensamiento, que impide separar el necesario respeto a las personas del derecho a la discrepancia de criterios. El adoctrinamiento en la ideología de género está detrás de buena parte del texto, asegurándose de que todas las áreas de la actividad social asuman esa perspectiva (véanse artículos como los 7.4, 66, 67.1, 68.4, 68.5, 70 y 81).
Los protestantes nos rebelamos contra la tutela, contra los sanedrines que sentencian lo que está permitido y lo que está prohibido creer y expresar, y esta proposición de ley está impregnada de tutela, supervisión e intervención de los grupos de acción LGTBI, a los que se otorgan prerrogativas y capacidades ejecutivas y de control que a ningún otro colectivo se concede en ninguna otra ley.

Discriminación y privilegios

Algunos de sus artículos proponen medidas razonables, pero devienen en discriminadoras cuando se aplican con todo cuidado a los grupos LGTBI y no se tienen en cuenta para otros colectivos que las necesitan tanto o más. Las libertades y derechos son iguales para todos y buena parte del articulado se podría obviar con un simple “aplíquese la legislación”; citamos como ejemplos los art. 19.4, 20.1, 20.4, capítulo V, 48.2.h y 82.
Los protestantes sabemos lo que es sufrir discriminación y la condenamos sean quien sean sus perpetradores y sean quien sean sus víctimas, pero jamás hemos utilizado el victimismo en provecho propio para reclamar privilegios por encima de los demás. Los privilegios para las organizaciones LGTBI –que no se conceden a ningún otro colectivo– recorren toda la proposición de ley; citamos por ejemplo los art. 16.d, 18.1, 20.6 y 7, 20bis.5, 20ter, 32.1, 37.5, todo el cap. VII, 48.2.f, 48.2.h, 49, 58, 59.1, 59.4, 59.5, 67.1, 71 y 72; el art. 80 habla específicamente de una “política proactiva” al respecto. Se impone reiteradamente la visibilización del colectivo, en una estrategia parcialista incompatible con la libre concurrencia de propuestas propia de una sociedad democrática, como en los art. 6, 7.5.a, 58.2, 58.5, 59.1 ó 65.4. El cap. XII establece la constitución del Centro Nacional de la Memoria Histórica LGTBI, algo que no se ha concedido a ningún otro colectivo discriminado históricamente; el cap. XIII, de asilo y cooperación internacional, establece medidas de protección específica para este colectivo, que no criticamos, pero que no se conceden a ningún otro grupo que está al menos en la misma situación de alto riesgo y está sufriendo persecución no menos severa que los LGTBI, y en la Disposición Adicional Primera se acuerda el desarrollo de un Plan Interdepartamental específico.

Amenazas a las libertades democráticas

Las consecuencias de este talante se extienden a lo largo de toda la proposición de ley y no vamos a seguir describiéndolas exhaustivamente, pero citamos algunas adicionales que nos parecen especialmente preocupantes:
Se penaliza no sólo la transgresión de la ley, sino también la omisión de su cumplimiento proactivo (art. 87 y 88). Los activistas LGTBI actúan con un poder desmesurado, no concedido a ningún otro colectivo, a través de su participación en la “Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual” y en la elaboración de reglamentos y en su ejecución (art. 91, 92.4, 92.8, 92.10 y 93). Esto convierte a estos activistas en juez y parte, creándose una situación de indefensión en las personas o entidades frente a las que actúe esa Agencia.
La ideología de género se impone desde la escuela hasta la universidad, haciendo obligatoria su inclusión en los curricula y estableciendo el adoctrinamiento en los dogmas, siguiendo la mejor tradición tridentina (todo el cap. VII). Reclamamos el cumplimiento del Protocolo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que en su art. 2 establece que “el Estado respetará el derecho de los padres a asegurar una educación en conformidad con sus propias convicciones religiosas y filosóficas”. Los protestantes sufrimos en el pasado el adoctrinamiento a nuestros hijos en la escuela oficial con dogmas con los que discrepábamos; no estamos dispuestos a pasar por lo mismo otra vez, porque la cuestión no está sólo en que discrepemos de su contenido, sino en que son dogmas y son impuestos por adoctrinamiento.
La proposición de ley reconoce la pertinencia de que las empresas establezcan un código ético propio (art. 48.2.m), pero prohíbe cualquier código ético que no siga las directrices de esta ley.
Establece en su Exposición de motivos que “el género es una categoría humana que puede estar en constante evolución y como tal tiene que ser percibida como una experiencia vital, un recorrido diverso en tiempos y forma”. Si la proposición de ley fuese coherente, admitiría que no puede prejuzgar la dirección en la que las personas pueden realizar ese “recorrido diverso”; pues bien, en realidad sólo permite una dirección, desde lo que llama “cisexualidad” hacia el resto de variedades, porque prohíbe expresamente que un homosexual o transexual pueda retornar a la concordancia con su sexo biológico, estableciendo severas sanciones para los profesionales que le presten ayuda, aún con el consentimiento del interesado (art. 94.4.c). Significativamente, en vez de denominar estas terapias “de restauración”, las denomina “de aversión”. El art. 22 requiere el consentimiento informado para los tratamientos de reasignación de sexo, pero ese consentimiento se hace inútil para los de restauración de la concordancia con el biológico. Se liquidan de paso todos los compromisos con el respeto a la autodeterminación de la persona que tanto proclama en su articulado (por ejemplo, en el art. 20.2 y 20.5).
El cap. III impone una dedicación de recursos sanitarios al colectivo LGTBI que no es equiparable con el de ningún otro grupo social, incluyendo la implantación de Servicios de Diversidad de Género, lo que es un agravio comparativo con otros sectores de la población más vulnerables.
Aborda el tratamiento hormonal cruzado de menores con una ligereza asombrosa, sin tener en cuenta lo que la ciencia médica dice al respecto4; la bibliografía científica indica que la inmensa mayoría de los niños y adolescentes que en un momento de su desarrollo tuvieron dudas en la percepción de su identidad, al completar la adolescencia se decantan por su sexo biológico. Además, la proposición de ley contradice la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002, donde está claro que el menor no puede prestar consentimiento por sí mismo en situaciones equiparables a la que nos ocupa. Reclamamos una mayor prudencia a la hora de abordar el consentimiento para tratamientos a menores, que tienen efectos profundos y permanentes y pueden generar traumas irreversibles.
En todo el cap. VIII se establecen medidas específicas de apoyo al colectivo LGTBI en el ámbito laboral, de las que no gozan otros colectivos menos favorecidos. Se plantea, además, un problema de la prueba de pertenencia al colectivo para poder gozar de las medidas específicas de apoyo. ¿Se precisará estar anotado en una asociación o bastará una declaración verbal o se precisará una declaración jurada? Esta indefinición puede producir inseguridad jurídica acerca de quiénes pueden acogerse a las ventajas.
El art. 58.3 impone la conformación de fondos bibliográficos con temática LGTBI por toda la geografía, algo incompatible con la libertad e igualdad de acceso a la información disponible y a los espacios públicos de todas las ideologías y creencias.
El art. 59.1.e, de visibilización de los LGTBI en el deporte, recuerda la mezcla de deporte e ideología propia de regímenes totalitarios, como la que sufrimos en el franquismo.
El cap. XIV impone criterios específicos a los medios de comunicación, con sus correspondientes medidas coercitivas. Reclamamos que se respete el art. 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece la libertad de pensamiento, conciencia y religión y la manifestación de las creencias en público, respetando las libertades de los demás.
El art. 74, de inversión de la carga de prueba, liquida la igualdad de todos ante la ley y crea inseguridad jurídica, un elemento fundamental del estado de derecho.
El régimen de sanciones propuesto nos parece exagerado; reclamamos en todo caso que el sistema de sanciones que se decida se aplique con el mismo rigor cuando se trate de los demás grupos sociales;es sangrante que lo que no se tolera contra los LGTBI se tolere, por ejemplo, contra los católicos, bajo la justificación de “libertad de expresión”.
Deberá garantizarse que la sección especial de las fiscalías contra delitos de odio y discriminación no limitará sus actuaciones a la protección de los ciudadanos que pertenecen al colectivo LGTBI.
Finalmente, se le otorga un poder ilimitado al estado, en contra del pensamiento democrático occidental, al invadir áreas de competencia propias de la sociedad civil y de la familia, imponiendo, por ejemplo, la educación en unos valores específicos; alguna normativa autonómica llega a establecer la “reeducación” de la familia en casos determinados, siguiendo prácticas de regímenes totalitarios.

Conclusión

No nos alarma la proposición de ley sólo porque sea contraria a nuestra cosmovisión cristiana, sino porque amenaza a las libertades democráticas de toda la ciudadanía: parte de los dogmas, no de la evidencia científica; impone una determinada ideología, en vez de reconocer la libre concurrencia de propuestas; contradice la igualdad de todos los ciudadanos al conceder a un grupo social privilegios por encima de los demás; coarta la libertad de conciencia y la libertad de expresión; invade competencias propias de la sociedad civil y la familia.
Los protestantes hemos construido democracia en Europa y América desde los valores bíblicos transmitidos en la familia, y así lo vamos a seguir haciendo. Invitamos a los legisladores a que en el debate de esta proposición de ley recuperen el espíritu de la democracia y la real diversidad y no acepten acríticamente el dogma, una nueva ortodoxia, el tutelaje, la desigualdad y la intolerancia, especialmente si estos se disfrazan de progresismo.

Resumen-Comunicado  

Junta Directiva de la Alianza Evangélica Española 

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  1. Sólo ofrece datos globales sobre Europa, y además elaborados a partir de la percepción subjetiva de discriminación por parte de los LGTBI.
  2. Estaremos encantados de facilitar a los legisladores bibliografía médica específica sobre el tema, que desmonta afirmaciones que se dan por evidentes, desde el irresponsable desconocimiento.
  3. MARAÑÓN, G. “Eugenesia y moral”, en Obras completas, Madrid, Espasa Calpe, 1966, p. 101
  4.  El espacio no nos permite explicar los graves e irreversibles efectos que estas terapias pueden tener; basta con recordar que el Colegio Americano de Pediatras las considera una forma de abuso infantil. Hay bibliografía médica muy contundente al respecto.

Se acaba de constituir el gobierno de España en unas condiciones especiales, producto del nuevo equilibrio parlamentario. Nos alegramos de que al menos se haya puesto punto final a una situación de interinidad que a nadie beneficiaba.

Gobernar va a ser ahora más complicado que nunca, pero hay que aprender a sacar provecho de las ventanas de oportunidad que ofrece una situación compleja como la actual. Así, a los evangélicos nunca nos han entusiasmado las mayorías absolutas, cuando ha sido ejercidas como un rodillo que impone la uniformidad, con una absoluta falta de consideración hacia las minorías. Apreciamos en esta situación actual una oportunidad para desarrollar lo que no se realiza habitualmente por convicción, y sí debe hacerse ahora por necesidad: la cultura del consenso.
El protagonismo corresponde ahora al gobierno, que debe definir líneas de trabajo en las que todos –o al menos la mayoría– encuentren posibilidades de vehicular sus propias propuestas; eso supone no sólo el diseño de una adecuada estrategia política, sino especialmente un cambio de mentalidad que pase de priorizar lo propio a priorizar lo de todos.
Corresponde también el protagonismo a la oposición, que ya no podrá limitarse a descalificar sistemáticamente todas las iniciativas del gobierno, sino tendrá que presentar propuestas que ayuden a construir consenso. No es fácil compaginarlo con el objetivo político de señalarse como alternativa, diferenciándose del partido del gobierno, pero sería suicida para la oposición entrar en una estrategia de bloqueo, que conduciría a unas nuevas elecciones de las que el gobierno la haría responsable.
Tanto gobierno como oposición tienen que recuperar credibilidad ante la sociedad, y la mejor forma de hacerlo es realizando responsablemente la función para la que fueron elegidos: desarrollar la actividad política desde el respeto a la diferencia y la voluntad de concertación.
Vemos prioritario e imprescindible que se trabaje para crear un equilibrio de poderes, transparencia económica y reestructuración del funcionamiento de la vida política que sirvan para aplicar de forma real la justicia a la corrupción, hasta ahora existente, y prevenirla al máximo en el futuro. Es la única forma para que la credibilidad y la confianza en la clase política comiencen a recuperarse en la ciudadanía, sin tener que asistir al espectáculo donde cada partido denuncia al otro mientras mira para otro lado en su propia casa.
Corresponde al gobierno y a la oposición restituir el protagonismo a la sociedad civil. Hay que devolverle así áreas que el poder político, de todo signo, ha invadido en los últimos años, empezando por las responsabilidades inalienables de la familia. Además, hay que escuchar más a la sociedad civil, no sólo en campaña electoral, y desarrollar mecanismos que permitan su participación responsable en la actividad pública y el ejercicio del control democrático que le corresponde.
Reclamamos también de gobierno y oposición que dejen de ser tan susceptibles a la presión de los lobbies, como el financiero, el LGTB o la jerarquía de la Iglesia Católica, cuyas actividades soslayan la transparencia y se hacen inmunes a los mecanismos de control democrático.
Pedimos a todos que construyan consenso en áreas que requieren acuerdos estables, como los servicios básicos de Sanidad, Educación, Seguridad Social y Pensiones, pero también en la relación con la UE y en la articulación territorial del estado. Y si en el curso evolutivo de esta legislatura se hace evidente la necesidad de modificar la Constitución, que no entre el vértigo a hacerlo, porque no es ningún texto sagrado, y se haga desde el respeto a la diversidad y la concertación.
“El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos” (Marcos 10.44). Como evangélicos estamos dispuestos a reconocer la autoridad legítimamente constituida, pero queremos que gobierno y oposición se conquisten también la autoridad moral, y esto no se hace desde la mera imposición de mayorías parlamentarias, sino desde la actitud comprometida de servicio a todos, a toda la sociedad española en su pluralidad.
Finalmente, como protestantes nos ofrecemos a colaborar responsablemente en la construcción de la nueva mentalidad y la nueva forma de hacer política que la situación actual requiere. Lo hacemos con la convicción de que nuestra autoridad moral no la ganaremos desde la fácil descalificación generalizada, sino desde el servicio a todos.
Equipo de autorización de la Alianza Evangélica Española
Redacción: Xesús Manuel Suárez

EL MANIFIESTOen defensa de los refugiados
Quiero
1. Abrir mis ojos a la realidadporque quiero ser sensible al mundo que hay a mi alrededor. Veo a gente huir de la violencia y a gente que usa la violencia para detenerles. Eso me disgusta. Por eso me levantaré y ayudaré allí donde y cuando vea una necesidad que yo pueda tratar.
…Nosoy ingenuo, sino realista. No exageraré ni minimizaré ningún problema.
2. Abrir mi corazónporque creo que Dios creó a todos los seres humanos a Su imagen y a Su semejanza. Seres únicos, cada uno con su historia, todos aspirando a una vida con significado y alegría. Confiando en Dios, no temeré sino que estaré disponible a favor de las personas en aflicción, del mismo modo que lo estuvo Jesús.
….Mi corazónnoserá controlado por el temor sino por el amor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor.
3. Escoger la mansedumbreporque creo que los mansos heredarán la tierra. Cuando se elige un lenguaje duro, el rechazo, o incluso el odio hacia los refugiados, en lugar de perder el control, responderé con calma y sensibilidad.
…Nocreo en el odio. Por tanto no devolveré violencia por violencia y no me desquitaré cuando sea injuriado.
Actúo
4. Ruego por aquellos que odianporque creo en el poder de la oración. Aun cuando me enfrente con personas llenas de odio hacia el mundo occidental, hacia los cristianos o los refugiados, oraré para que puedan conocer a Jesucristo como fuente y destino de sus vidas. Lo hago porque sé que vivo también por la gracia de Dios cada día de mi vida.
…Nobusco maldecir sino bendecir. Porque el reino de Dios no es por la fuerza o el poder, sino por el Espíritu de Dios.
5. Promuevo la justiciaporque no es por mis méritos que vivo en un país libre y próspero. Soy consciente de que Dios hace que su sol salga sobre todos. Por tanto protegeré los derechos de mi vecino desplazado tal como se garantiza en nuestra Tradición Cristiana  y nuestra Constitución. Busco promover un trato justo para cada persona en mi país.

Nocreo en la supervivencia de los más aptos. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y llevar cada uno las cargas de los otros. Esta es la visión que tiene Dios de la justicia.
6. Ayudoporque cada sonrisa y cada pequeño gesto puede marcar una diferencia en una persona en aflicción. Busco compartir lo que he recibido con gratitud. Estoy preparado para sacrificar parte de mi riqueza cuando ello contribuya a la esperanza de un refugiado.
…Nocreo en la dependencia. Quiero dar aquello que es más necesario: respeto y esperanza para el futuro, sea aquí o en sus países.
Permanezco
7. Soy pacienteporque muchos refugiados llevan heridas internas a causa de la violencia, las pérdidas y el miedo. Correctamente les pedimos su esfuerzo para que aprendan nuestros idiomas y cultura, y que contribuyan a nuestra sociedad. Pero seré paciente con ellos si necesitan más tiempo, tranquilidad y espacio.
…Nocreo en demandas irracionales, sino en la misericordia y el cuidado amoroso.
8. Soy fielporque creo que es necesario apoyar a cada uno en tiempos difíciles, aun cuando la diferencias culturales sean causa de incomprensiones. Por ello seré fiel en mi andar con los refugiados y los animaré a aceptar un lugar propio para ellos en nuestra sociedad
…Nocreo en la uniformidad sino en una colorida diversidad que refleja el carácter de Dios.
9. Soy testigoporque solo Jesucristo salva y cura los corazones y las mentes de las personas. Es el amor de Dios el que proclamaré. Mi testimonio es como una semilla que está siendo plantada, que crece y lleva fruto en las vidas de los refugiados.
…Noquiero avergonzarme del Evangelio, aun cuando soy consciente de que hace falta valor para proclamarlo.
Traducción por Alianza Evangélica Española
Documentos relacionados
–  Alianza Evángelica Española,Crisis humanitaria en el Mediterráneo, Comunicados.
– José Hutter, (2015), Refugiados.Reflexiones sobre un tema de actualidad continua, Revista IDEA, 02, 20-30 págs.

Nuestra sociedad se encuentra conmovida y sacudida por el sufrimiento de miles de personas que huyen de situaciones de guerra, de persecución por causa de sus creencias, etc. La situación sobrepasa a nuestros gobiernos que tienen dificultades para llegar a acuerdos sobre la recepción de estos solicitantes de asilo. Mientras esto ocurre miles de ciudadanos europeos están ofreciendo sus casas, yendo en ayuda de aquellos que llegan, etc.

Creemos que esta es una ocasión para que los cristianos evangélicos españoles también tengan la posibilidad de mostrar la compasión que Dios siente por “el extranjero, el pobre y la viuda”. Los cristianos, a lo largo de la historia, han estado siempre al lado de los que sufren de maneras prácticas, incluso con riesgo para sus propias vidas y propiedades. Esta disposición al sacrificio, a seguir a Jesús en el camino de negarse a uno mismo, es una característica central de la fe.

La Alianza Evangélica quiere realizar un llamamiento al pueblo evangélico de nuestro país a considerar, delante de Dios, su responsabilidad con aquellos que llegan a nuestras puertas. Esta responsabilidad, sin embargo, tiene que ser afrontada de manera que la ayuda prestada sea efectiva. Por ello, sugerimos que esta ayuda sea dirigida a través de las iglesias evangélicas a las que pertenecemos.

La ayuda a los refugiados va a ser canalizada a través de los ayuntamientos de nuestras ciudades y pueblos. La mejor manera de colaborar es que sean nuestras iglesias las que realicen un inventario de las familias dispuestas a colaborar, de los ministerios que están puestos en marcha o los que se pueden adaptar a la demanda, de los edificios y otras instalaciones que tienen, etc. A su vez, todos estos recursos se pondrán a disposición de los gobiernos locales para dar soluciones realmente efectivas y a largo plazo.

Como guía práctica hemos elaborado una serie de recomendaciones que individuos, familias e iglesias podrían considerar:

Pasos previos antes de tomar una decisión: 

  1.  Pregunta al Señor cómo quiere que uses tus dones, habilidades y recursos en este asunto tan sensible.
  2. Valora todo lo que eres en Cristo y lo que ha hecho por t Recuerda Su entrega y haz un inventario de tus recursos y de tus fuerzas. Piensa si podrías compartir con ellos parte de lo que tienes: dinero, tiempo, medios materiales, etc.
  3. Interésate por conocer las costumbres y cultura de los países de orig Hay aspectos muy específicos, como la relación entre personas de distinto sexo, que  deben ser ponderados.
  4. Lee acerca de los traumas que traen consigo las personas que han vivido estas circunstancia

El papel de la iglesia local

  1.  Hay ciudades que están haciendo un listado de locales disponibles para diferentes reunión Ofrezcamos los nuestros como una forma práctica de cumplir la misión de Dios.
  2.  Hagamos un inventario de nuestros recursos humanos y materiales. Averigüemos cuáles de ellos son los que se necesitan y ayudemos con lo que nos pidan, no con lo que nosotros pensamos que necesitan.
  3.  Inscribámonos en el registro que los ayuntamientos están llevando a cabo en las diferentes ciudades y pueblo Pensemos a largo plazo, no sólo en servir para las primeras necesidades, sino en la forma en que las iglesias podemos contribuir a la integración social de estas personas.

Si estás pensando en abrir tu casa a uno o varios refugiados te animamos a que tengas en cuenta estos consejos:

  1. Una vez pasada la emoción de las imágenes conmovedoras de las noticias, el camino que queda por delante será duro. Por ello, te animamos a reflexionar bien en lo que te compromete La compasión es un sentimiento que Dios pone en nuestro corazón y debemos hacerle caso, pero a la vez hemos de evitar movernos por sentimientos como la culpabilidad, la ansiedad, etc. Analiza qué es lo que te mueve a actuar.
  2. Comparte y consensua en lo posible la decisión con los miembros de tu familia (con los que convives y con los que tienes más cerca) de manera que sea un trabajo de equipo.
  3. Contacta con tu iglesia loca No lo hagas por tu cuenta ¡Qué mejor manera que servir entre ellos!
  4. Entiende que los plazos son muy aproximado Mejor no ceñirte al tiempo que te digan que van a estar en tu casa. Cuenta que será más.
  5. Puede que haya niños sin familia entre los inmigrante Una buena forma de ayudar es la acogida familiar. Considera esta posibilidad, infórmate de los requisitos y dirígete a la Consejería de Bienestar Social de tu Comunidad Autónoma.
  6. No intentes controlar la ayuda que d Ofrenda, da, presta y alberga sin esperar que aquellos a los que sirves tengan que comportarse de la manera que tú decides.
  1. Céntrate en mitigar su dolor, en secar lágrimas, en suplir necesidades, acompañar, etc.

Deja que tus manos sean las que hablen de Jesús.

Equipo de Autorización

Cuando cayó el muro de Berlín todos pensaron que se inauguraba una nueva situación de estabilidad. Pronto surgió una nueva amenaza, pero ya no era geoestratégica, no era un bloque, ni siquiera una nación, sino una red heterogénea, unida por el fundamentalismo islámico.

Ese  movimiento  declara  la  guerra  a  nuestra  sociedad  y  a  los  valores  sobre  los  que  se sustenta, señaladamente los cristianos.

  1. Mostramos nuestra indignación y pedimos la solidaridad de todo defensor de los derechos humanos ante la sistemática eliminación física de los cristianos y otras minorías, los desplazamientos masivos, las conversiones forzadas, la eliminación del patrimonio cultural de toda la humanidad, et  Nos  sentimos  orgullosos  de  nuestros  hermanos,  nuestros  héroes  que  se mantienen fieles; pueden quitarles la vida, pero jamás podrán tocar su dignidad y su alma¹: “esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”². Ellos son un ejemplo, no sólo de una fe real, sino de aquella entereza con la que hay que hacer frente al terror.
  1. Estos   cristianos   asumen   su   martirio   perdonando³,   pero   es   nuestra   obligación defenderles con nuestro apoyo personal y político. Sentimos así indignación ante la laxitud de los gobiernos e instituciones europeos, tan prestos a declararse defensores de las libertades de todo colectivo perseguido, pero tan cobardemente insensibles y callados ante el genocidio de cristiano De este silencio participan igualmente los medios de comunicación. Sabemos, por otra parte, que existen intereses económicos que sustentan al integrismo islamista, de la misma forma que tras la pedofilia, el comercio de armas o la trata de personas hay mafias económicas; es prioritario detectar y actuar sobre estas mafias organizadas que sostienen ese terrorismo.
  1. Occidente ha puesto todo empeño en señalar que no asistimos a un choque de civilizaciones y que el terrorismo islamista nada tiene que ver con el Islam, pero lo cierto es que Daesh, Boko Haram, Al Qaeda, et, tienen una interpretación diferente y señalan a los no- islámicos, principalmente a los cristianos, como su adversario a liquidar. Incluso hacen una identificación de la cultura occidental y el sistema democrático con los valores del cristianismo, identificación certera que, paradójicamente, muchos políticos europeos quieren negar.

Querríamos creer que no todo el Islam participa de esta postura y principios, sea de forma activa o pasiva. Esto plantea algunas cuestiones esenciales: ¿Hay acaso valores islámicos que sustentan la campaña genocida de Daesh? ¿Apoya el Islam el sometimiento o la liquidación de los no-musulmanes? ¿Tiene el Corán un mensaje ambivalente al respecto? Un cristiano que mata a alguien por ser diferente es un mal cristiano y es condenado por la Biblia; ¿sucede lo mismo con el Islam? Son preguntas que los demás musulmanes –y señaladamente sus líderes y pensadores– están especialmente autorizados para responder y así abordar la raíz del problema. Si el Corán condena la conducta de estos terroristas, hay que explicarlo y publicarlo desde mezquitas, medios de comunicación y centros de educación islámica para desproveerles de autoridad.

  1. ¿Forman parte de la comunidad musulmana, de la ummah, los miembros de Daesh o Al Qaeda? Es importante  saberlo,  porque  la  pertenencia  genera  responsabilidad  de  grupo.  La comunidad de la que salieron no puede mirar para otro lado cuando de una forma masiva, a miles, personas de su colectivo se están enrolando en esas actividades violentas. En proporción, el número de musulmanes que se manifiestan abiertamente en contra de esas tendencias es pequeño y el número de los que encubren o justifican el fenómeno es grand Lo preocupante es el “silencio de los buenos”; una comunidad demuestra que está abiertamente en contra de la violencia cuando no la permite en su nombre, cuando entrega y denuncia a los que se vuelven violentos.

Deseamos  de  corazón  una  manifestación  clara  de  los  musulmanes  que  conviven  con nosotros en favor del sistema democrático de libertades y respeto a las diferencias. Pedimos, consecuentemente, que reclamen a los gobiernos de países de cultura islámica un respeto a las minorías cristianas.

  1. ¿Es el  Islam  capaz,  en  donde  es  mayoría,  de  crear  sociedades  plurales  donde  se defiendan los derechos humanos, la democracia, la igualdad de derechos entre hombre y mujer, el derecho de creer y no creer, de practicar y de cambiar de religión? ¿Es compatible con el Islam la tolerancia religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y el pluralismo religioso e ideológico y el sistema democrático? ¿Es capaz el Islam de respetar esos mismos derechos cuando está en minoría y vive dentro de sociedades donde sí están garantizados? Porque esperamos que los musulmanes eduquen a sus hijos e hijas en los valores democráticos de la sociedad que les ha acogido.

No hablamos de asimilación, no pretendemos una asunción forzada de valores, pero esperamos una adaptación de su conducta y su participación activa en la conformación del pacto social en el que toda ideología ayuda a formar ese acuerdo. En este sentido, el concepto de acomodación razonable puede ser útil para la convivencia de cosmovisiones distintas e incluso contrapuestas. Cuando se puede realizar una acomodación de la legislación o la práctica social que no causa un significativo disturbio, se debe realizar esa acomodación.

  1. Queremos vernos del mismo lado en la defensa de las libertades que regulan nuestra convivencia; sabemos que muchos musulmanes han sido igualmente víctimas de Daesh. A este grupo, más que con las armas, se le vencerá laminando su legitimidad y autoridad moral, mostrando la debilidad de su fe: un Dios que precisa necesariamente de seguidores que maten a sus propios enemigos, es un dios débil; los cristianos perseguidos lo expresan con claridad en un mensaje a Daesh: “Vosotros morís por vuestro Dio Nuestro Dios murió por nosotros”³. Es el Dios de todos; murió igualmente por los seguidores de Daesh.

 

Equipo de Autorización

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1 Mt 10.28

2 1Jn 5.4

3 “Myriam’s story and song”:  https://www.youtube.com/watch?v=2__MJ8VwMOI

“We will sing live: Brother of two Cristian victims of ISIS”:  https://www.youtube.com/watch?v=hIEqjMm7BOg

4 “¿Quién se atrevería a amar a Isis? Una carta del pueblo de la Cruz”: https://www.youtube.com/watch?v=uSv4vBcFyvo&feature=youtu.be

Cuando cayó el muro de Berlín todos pensaron que se inauguraba una nueva situación de estabilidad. Pronto surgió una nueva amenaza, pero ya no era geoestratégica, no era un bloque, ni siquiera una nación, sino una red heterogénea, unida por el fundamentalismo islámico. Ese movimiento declara la guerra a nuestra sociedad y a los valores sobre los que se sustenta, señaladamente los cristianos.

1. Mostramos nuestra indignación y pedimos la solidaridad de todo defensor de los derechos humanos ante la sistemática eliminación física de los cristianos y otras minorías, los desplazamientos masivos, las conversiones forzadas, la eliminación del patrimonio cultural de toda la humanidad, etc. Nos sentimos orgullosos de nuestros hermanos, nuestros héroes que se mantienen fieles; pueden quitarles la vida, pero jamás podrán tocar su dignidad y su alma1 : “esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”2 . Ellos son un ejemplo, no sólo de una fe real, sino de aquella entereza con la que hay que hacer frente al terror.

2. Estos cristianos asumen su martirio perdonando3 , pero es nuestra obligación defenderles con nuestro apoyo personal y político. Sentimos así indignación ante la laxitud de los gobiernos e instituciones europeos, tan prestos a declararse defensores de las libertades de todo colectivo perseguido, pero tan cobardemente insensibles y callados ante el genocidio de cristianos. De este silencio participan igualmente los medios de comunicación. Sabemos, por otra parte, que existen intereses económicos que sustentan al integrismo islamista, de la misma forma que tras la pedofilia, el comercio de armas o la trata de personas hay mafias económicas; es prioritario detectar y actuar sobre estas mafias organizadas que sostienen ese terrorismo.

3. Occidente ha puesto todo empeño en señalar que no asistimos a un choque de civilizaciones y que el terrorismo islamista nada tiene que ver con el Islam, pero lo cierto es que Daesh, Boko Haram, Al Qaeda, etc., tienen una interpretación diferente y señalan a los noislámicos, principalmente a los cristianos, como su adversario a liquidar. Incluso hacen una identificación de la cultura occidental y el sistema democrático con los valores del cristianismo, identificación certera que, paradójicamente, muchos políticos europeos quieren negar.

Querríamos creer que no todo el Islam participa de esta postura y principios, sea de forma activa o pasiva. Esto plantea algunas cuestiones esenciales: ¿Hay acaso valores islámicos que sustentan la campaña genocida de Daesh? ¿Apoya el Islam el sometimiento o la liquidación de los no-musulmanes? ¿Tiene el Corán un mensaje ambivalente al respecto? Un cristiano que mata a alguien por ser diferente es un mal cristiano y es condenado por la Biblia; ¿sucede lo mismo con el Islam? Son preguntas que los demás musulmanes –y señaladamente sus líderes y pensadores– están especialmente autorizados para responder y así abordar la raíz del problema. Si el Corán condena la conducta de estos terroristas, hay que explicarlo y publicarlo desde mezquitas, medios de comunicación y centros de educación islámica para desproveerles de autoridad.

4. ¿Forman parte de la comunidad musulmana, de la ummah, los miembros de Daesh o Al Qaeda? Es importante saberlo, porque la pertenencia genera responsabilidad de grupo. La comunidad de la que salieron no puede mirar para otro lado cuando de una forma masiva, a miles, personas de su colectivo se están enrolando en esas actividades violentas. En proporción, el número de musulmanes que se manifiestan abiertamente en contra de esas tendencias es pequeño y el número de los que encubren o justifican el fenómeno es grande. Lo preocupante es el “silencio de los buenos”; una comunidad demuestra que está abiertamente en contra de la violencia cuando no la permite en su nombre, cuando entrega y denuncia a los que se vuelven violentos.

Deseamos de corazón una manifestación clara de los musulmanes que conviven con nosotros en favor del sistema democrático de libertades y respeto a las diferencias. Pedimos, consecuentemente, que reclamen a los gobiernos de países de cultura islámica un respeto a las minorías cristianas.

5. ¿Es el Islam capaz, en donde es mayoría, de crear sociedades plurales donde se defiendan los derechos humanos, la democracia, la igualdad de derechos entre hombre y mujer, el derecho de creer y no creer, de practicar y de cambiar de religión? ¿Es compatible con el Islam la tolerancia religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y el pluralismo religioso e ideológico y el sistema democrático? ¿Es capaz el Islam de respetar esos mismos derechos cuando está en minoría y vive dentro de sociedades donde sí están garantizados? Porque esperamos que los musulmanes eduquen a sus hijos e hijas en los valores democráticos de la sociedad que les ha acogido.

No hablamos de asimilación, no pretendemos una asunción forzada de valores, pero esperamos una adaptación de su conducta y su participación activa en la conformación del pacto social en el que toda ideología ayuda a formar ese acuerdo. En este sentido, el concepto de acomodación razonable puede ser útil para la convivencia de cosmovisiones distintas e incluso contrapuestas. Cuando se puede realizar una acomodación de la legislación o la práctica social que no causa un significativo disturbio, se debe realizar esa acomodación.

6. Queremos vernos del mismo lado en la defensa de las libertades que regulan nuestra convivencia; sabemos que muchos musulmanes han sido igualmente víctimas de Daesh. A este grupo, más que con las armas, se le vencerá laminando su legitimidad y autoridad moral, mostrando la debilidad de su fe: un Dios que precisa necesariamente de seguidores que maten a sus propios enemigos, es un dios débil; los cristianos perseguidos lo expresan con claridad en un mensaje a Daesh: “Vosotros morís por vuestro Dios. Nuestro Dios murió por nosotros” 4 . Es el Dios de todos; murió igualmente por los seguidores de Daesh.

1 Mt 10.28

2 1Jn 5.4

3 “Myriam’s story and song”: https://www.youtube.com/watch?v=2MJ8VwMOI “We will sing live: Brother of two Cristian victims of ISIS”: https://www.youtube.com/watch?v=hIEqjMm7BOg

4 “¿Quién se atrevería a amar a Isis? Una carta del pueblo de la Cruz”: https://www.youtube.com/watch?v=uSv4vBcFyvo&feature=youtu.be

Como Alianza Evangélica Española queremos mostrar nuestra más profunda tristeza y dolor por la situación humana que se vive de forma especial en la región mediterránea.

Situación que conlleva tantas vidas perdidas de los que no llegaron y tantos riesgos para los que sí llegaron a las costas de Europa, huyendo de situaciones extremas difícilmente evaluables desde nuestro lado del mar.

Como cristianos creemos y denunciamos que nuestra sociedad no mejorará su comprensión, si no es capaz de ver lo que ocurre como la consecuencia del mal, del pecado.

Es el mal el que genera situaciones de vida de miseria y explotación; es el mal el que produce situaciones de violencia en los países de origen; es el mal el que hace que muchos de ellos mueran en el camino; es el mismo mal el que hace que las mafias se aprovechen de la necesidad para enviarlos en condiciones que no aguantan la navegación; es el mal el que genera indiferencia  en parte de los ciudadanos y gobiernos de los países occidentales; es el mal el que en este lado y en el otro generaliza la corrupción;  es el mal el que establece condiciones comerciales de explotación de los países del Sur; es el mal el que mira para otro lado o incluso da cobertura a los gobiernos dictatoriales, para obtener ventajas comerciales.

Esta crisis humanitaria no puede estar desprovista de una dosis muy importante de realismo. Tenemos que decirnos una serie de verdades que necesitamos para comprender la situación:

1-  No hay país en el mundo o conjunto de países que tengan la capacidad de acoger tal marea migratoria. El volumen de migrantes es tan alto y en tan poco tiempo que Europa, incluso maximizando sus capacidades de acogida, no puede recibir de manera digna y adecuada a todas las personas que tratan de entrar en ella.

2- La marea migratoria no dejará de llegar mientras el diferencial económico que existe entre el Norte y el Sur sea el que es. Entre las fronteras Norte – Sur del mundo, la que muestra un mayor diferencial es la que separa el Norte de África y el África subsahariana de Europa.

3- Mientras no se permita la libre entrada de inmigrantes a suelo europeo, seguiremos contemplando la multiplicación de naufragios en aguas mediterráneas.

4- Europa lucha entre dos extremos, el del miedo a la pérdida de sus identidades propias y de un estado del bienestar que sus ciudadanos no paran de ver recortado, y una ideología que solicita la entrada sin restricciones de todo aquel que lo desee.

Es necesario que Europa llegue a un consenso entre la realidad y la posibilidad. La única forma en la que se podrían evitar los naufragios y las muertes en el mar, a la vez que se acabarían las mafias que comercian con las personas, sería permitiendo la llegada de todo inmigrante a través de un vuelo de avión desde cualquier aeropuerto de África a cualquier aeropuerto de Europa.

Los costos en vidas y económicos para los migrantes serían mínimos. Mientras ese no sea el consenso o no sea realista esta posibilidad,  mientras la entrada no sea libre, tendremos personas muriendo en el Mediterráneo. Los dispositivos de recogida en alta mar priman a aquellos que han tomado la decisión de arriesgar la vida, con lo que a mejores dispositivos de recogida, mayor será el número de los que apostarán por arriesgarla.

Probablemente muchos de nosotros entenderemos que la solución de la libre entrada no es viable ni a corto, ni a medio plazo. Eso significa que deberemos continuar con los dispositivos de recogida de los que se arriesguen, que deberemos aceptar que seguirán ocurriendo muertes, que habrá que habilitar mecanismos de devolución de los que consiguieron llegar, que habrá que revisar muy bien los casos de refugiados por causas de conciencia, que habrá que mejorar las formas de colaboración con los países de origen cuyos regímenes acostumbran a estar rotos por la corrupción y que habrá que convencerse que establecer nuevos mecanismos de cooperación y solidaridad internacional es mucho mejor en cuanto a vidas y mucho más económico en costes que otras soluciones. Reconocemos la complejidad de la situación y de este tipo de medidas, pero seguimos pensando que son las que pueden producir mejores resultados y las que son más acordes con la ética social europea.

Los europeos no podemos mirar para otro lado porque la UE tiene su parte de responsabilidad en el origen de la situación: apoyó –incluso militarmente– la caída de regímenes autoritarios en la “primavera árabe”, pero no sostuvo criterios claros a la hora de promover la conformación de sociedades democráticas; como consecuencia, Libia o Siria se han convertido en estados fallidos y en esa desestructuración ha emergido Daesh (“Estado Islámico”) que, con sus genocidios, es causa directa de esa inmigración desesperada.

Las muertes en el Mediterráneo tienen que ser para los europeos más que una trágica y sobrecogedora noticia en nuestros medios de comunicación. Porque cada una de esas muertes es un recordatorio a nuestras conciencias de la responsabilidad que tenemos sobre el mundo que estamos construyendo; una parte del problema radica en que nuestra opulenta riqueza se convierte en inhumana injusticia hacia miles de millones de personas.

Desde una perspectiva cristiana, eso es el resultado de nuestro pecado de codicia, y sin reconocer y enmendar nuestra responsabilidad tan solo caminamos como sociedad hacia un juicio seguro: ‘Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres  de la tierra: nunca me olvidaré de ninguna de vuestras obras.

¿No temblará por esto la tierra, y hará duelo todo aquel que habita en ella?. Llegará el día -dice el Señor Dios- que cambiaré vuestras fiestas en llanto y vuestros cantos en lamento ‘ (Oseas 8)

Equipo de Autorización 

El papa Francisco y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana han recibido este pasado jueves en el Vaticano a diferentes cargos de la Alianza Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas en inglés) entre quienes se encontraba Geoff Tunnicliffe (secretario general de la WEA), en una reunión en la que se discutieron temas de preocupación común. A raíz de este encuentro, y las declaraciones realizadas por sus protagonistas, como Alianza Evangélica Española (AEE) deseamos exponer:

La visita de Geoff Tunnicliffe al Papa ha sido una iniciativa personal y no obedece a una decisión previamente debatida, consensuada y articulada en el conjunto de la WEA. Por esta misma naturaleza privada, dicha visita nos parece respetable, pero no tiene para la Alianza Evangélica Española ningún carácter vinculante. No nos sentimos representados con la visita ni identificados con el discurso público posterior que contiene algunos aspectos altamente cuestionables como evangélicos.

Apoyamos y reconocemos la utilidad de encuentros entre miembros relevantes de diversas instituciones para compartir cuestiones de interés, colaborar en la defensa de los Derechos

Humanos y luchar contra problemas como la pobreza, la injusticia social, la corrupción, la violencia o la persecución religiosa. Como evangélicos apoyamos  las iniciativas de cobeligerancia a favor de un mundo más justo y libre. Sin embargo, fundamentar sobre este espíritu de colaboración la propuesta de  ‘un nuevo nivel de discusión pública sobre nuestras creencias fundamentales’, proponer que la Alianza Evangélica Mundial ‘haga de tal colaboración una alta prioridad’, o unir  tales encuentros a ‘la plena obediencia a la misión que Dios ha confiado a la Iglesia’, es algo con lo que no podemos coincidir desde la AEE.

Discrepamos de esta propuestas del Sr. Tunnicliffe porque nuestras divergencias con la I.C. R. no son meras ‘diferencias entre nuestras tradiciones’ (como expresó él mismo), ni de ‘aclarar malentendidos y superar prejuicios’ (como lo hizo el Papa en su discurso de respuesta), sino algo de mucho mayor calado doctrinal y eclesiológico.

No es útil apelar a una terminología espiritual equívoca que sugiere que todos tenemos el mismo Espíritu por el simple hecho de llevar el nombre de cristianos. La Escritura es clara al respecto: “Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”¹.

Por supuesto, no nos compete a nosotros emitir juicios de valor sobre este asunto. Dios es el único que sabe quién tiene el Espíritu de Dios y quién no, pero  como evangélicos creemos firmemente que el ser cristiano depende de una decisión personal y no de la pertenencia a una institución religiosa. Por esta misma razón no tenemos ninguna duda de que dentro la Iglesia Católico Romana hay personas que son hijos de Dios.

Creemos que el problema fundamental para llegar a la unidad con la I. C. R  no es la falta de diálogo –un asunto de formas- sino la distancia doctrinal acumulada con el paso de los siglos. No es un problema de continente, sino de contenido. La I.C.R. ha despojado a la Biblia de su autoridad,

equiparándola y supeditándola a mandamientos de hombres.  Igualmente  ha erosionado el Señorío de Cristo añadiendo otros mediadores entre Dios y los hombres. . Por tanto, no es como institución la Iglesia de Cristo.

La posición de la AEE no descansa en malentendidos ni prejuicios históricos, aunque sean miles los evangélicos españoles -todavía vivos- que han sufrido en sus propias carnes la discriminación, la estigmatización social y hasta la persecución literal a causa de su fe por parte de la institución Católico-Romana. Nuestra posición se afirma en una conciencia Cristo-céntrica y bíblica que no nos permite contemplar la unidad del cuerpo de Cristo como algo dependiente del diálogo entre instituciones, sean la WEA, la Iglesia de Roma o el Patriarcado ortodoxo, sino de la visibilización y reconocimiento mutuo de los hijos de Dios. La Iglesia de Cristo es única y está conformada por todos los hijos de Dios nacidos de nuevo, no la definen los acuerdos entre las instituciones o sus dirigentes, no es una institución sino un organismo vivo.

Nuestro compromiso último es con las Escrituras como suprema autoridad y con la suficiencia salvífica de la gracia de Cristo. Para nosotros la base imprescindible de cualquier diálogo sigue siendo el lema de la Reforma, magistralmente resumido en una triple columna: Sola Scriptura, Sola Gratia y Sola Fide.

 

Equipo de Autorización

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1 Rom 8:9

 

I.- ANÁLISIS

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia en Cataluña se presenta como un instrumento de protección de una minoría cuyos derechos se ven amenazados. Hay que plantearse antes si realmente existe esa amenaza hoy en día; el preámbulo de la ley muestra una inconsistente y contradictoria argumentación cuando dice que “las estadísticas de los últimos años demuestran la conveniencia de actuar”, para luego reconocer que “en la actualidad faltan datos e indicadores”, pero inmediatamente aventura sin pruebas que “todo lleva a pensar que los casos reales son muy superiores a los que nos muestran las estadísticas”.

La exposición de motivos de la ley presenta una manipulación argumental que pretende justificar algo innecesario: en realidad, cualquier colectivo discriminado debería ser protegido sin necesidad de tener que recurrir a la estadística.

Tampoco nosotros disponemos de esos datos, pero la realidad que se percibe es que el colectivo LGTB es una minoría privilegiada en sus derechos y en la imagen pública que de ella se proyecta (así, no hay serie televisiva que no incluya un personaje gay o lesbiana entre sus protagonistas, con un perfil que genera una corriente de simpatía). Como consecuencia de la presión social y política del lobby LGTB, hay más bien la percepción de que se trata de una minoría promocionada sobre cuya conducta nadie se atreve a opinar, a diferencia de otros colectivos. El miedo a ser acusado de homofobia coarta sistemáticamente la libertad de opinión en todos los entornos.

La ley busca “fomentar en la ciudadanía en general valores de igualdad, respeto y tolerancia”. La realidad es que amenaza la igualdad y fomenta la intolerancia: así, por ejemplo, establece privilegios en el entorno educativo, laboral, sanitario o familiar, y promueve el control ideológico en los medios y promulga criterios de sanción que dan lugar a la arbitrariedad.

Privilegia al colectivo LGTB cuando promueve su “visibilidad, participación y representación, así como su realidad y sus necesidades específicas tanto en el ámbito público como del privado.” (art. 6.d).La visibilidad de un colectivo y su representación deben ser la consecuencia de la libre expresión de la sociedad civil, no de la presión selectiva de la administración. Las necesidades del colectivo LGTB no son mayores que las de cualquier otro colectivo, a no ser que entendamos que sufren algún tipo de discapacidad o limitación. Extender además esta parcialidad al entorno privado supone una interferencia inadmisible de la administración (art.5, 6.d, 6.j, 15, 20.b entre otros).

Ese tratamiento privilegiado se muestra igualmente cuando define como discriminación indirecta cualquier actividad o decisión en principio neutra, pero que “pueda ocasionar a personas LGBT una desventaja particular” (art. 4.d). Lo mismo sucede cuando habla de un entorno “molesto” para este colectivo: da esto pie a toda subjetividad y a la arbitrariedad en la interpretación; los protestantes hemos vivido en entornos en los que nos sentimos molestos, y no reclamamos que la ley nos lo resuelva, porque esto requiere un cambio de mentalidad, no la imposición coercitiva de la ley.

Requiere que los funcionarios adquieran una formación específica en relación con los LGTB (art. 6.h, 18.b y 20.f), con lo que contradice el concepto de normalización a todos los efectos. Esta formación específica sólo podría tener alguna justificación si se tratase de personas con alguna limitación o discapacidad, y no es este el caso.

Cuando promueve “líneas de apoyo a favor de iniciativas del mundo asociativo, privado e institucional” para este colectivo, lo está privilegiando con respecto al resto de la sociedad, con lo que rompe con el principio básico de que todos somos iguales ante la ley. La homosexualidad no es una cualidad superior a la heterosexualidad y la administración no debe primarla, y mucho menos extender esta parcialidad con recursos públicos a la actividad privada.

Modular la contratación pública en función del trato a los LGTB (art. 6.k)supone una interferencia ideológica en algo que debe mantener libertad de acceso, transparencia e igualdad de trato

Crear un específico Consejo Nacional de LGTB y un órgano rector de las políticas LGBT (art. 8 y 9) con amplia influencia sobre todos los departamentos de la Generalitat –con su correspondiente gasto presupuestario– implica concederle al colectivo una relevancia política difícil de explicar, especialmente en comparación con otros colectivos claramente más desfavorecidos.

El art. 12 manipula el uso del concepto de coeducación para justificar la obligatoria introducción en el curriculum educativo del adoctrinamiento en una forma específica de entender la sexualidad; se llega a imponer que se recoja en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y del Plan de Acción Tutorial (PAT). Se estipula el seguimiento específico de la situación de los LGTB en las aulas, algo que no se realiza con ningún otro colectivo.

Traslada la imposición del ideario LGTB a la Universidad, promoviendo la implantación de asignaturas específicas y materias transversales. Emula así los tiempos de la dictadura con la presencia en la Universidad de la Religión y la Formación del Espíritu Nacional.

Es difícil de comprender que la Generalitat promueva competiciones deportivas que incorporen la temática LGTB (art. 14), una muestra de interferencia de ideología y política con el deporte que nos retrotrae otra vez a las manifestaciones gimnástico-deportivas franquistas de la Sección Femenina y del 1º de mayo en el Santiago Bernabeu. Menos se comprende que las publicaciones con contenido LGBT condicionen específicamente el criterio de selección de publicaciones que se hará llegar a las bibliotecas públicas y al movimiento asociativo juvenil; no es compatible con la imparcialidad ideológica y de pensamiento que debe regir esa selección. Nuestras publicaciones protestantes han sido censuradas y siguen ausentes de estas entidades; reclamamos igualdad de trato al respecto, pero jamás exigiremos un trato privilegiado.

Establece medidas coercitivas más o menos declaradas sobre los medios de comunicación (art. 15), que van desde recomendaciones (una forma sutil de censura previa) hasta fomentar explícitamente la inclusión de la temática LGTB. Estas medidas van en la dirección contraria de la independencia de los medios y la libertad de prensa.

Se recogerán y seguirán periódicamente las informaciones con tratamiento contrario a la diversidad sexual y se informará al Parlament y al Consejo Nacional de LGTB. Se establecerá de esta manera un control sectario de la libertad de opinión: así, será perseguido creer, argumentar y manifestar en los medios que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer o que la Biblia condena la práctica homosexual. De hecho, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31, leer determinados pasajes de la Biblia en público podría llegar a ser considerado como una infracción grave o muy grave.

El sistema sanitario catalán deberá “incorporar la perspectiva de género”; para garantizar la cobertura sanitaria universal no es necesario recurrir a esta expresión tantas veces reiterada: sencillamente hay que cubrir el servicio y dotarlo responsablemente. Pero cuando habla de las “necesidades específicas de las personas LGBT” introduce el tratamiento quirúrgico y hormonal de los transexuales, transgéneros e intersexuales. Hay que decir que una intervención quirúrgica de cambio de sexo cuesta más de 20.000€, a lo que hay que añadir el coste del tratamiento hormonal de por vida y las posibles reintervenciones posteriores de cirugía estética. Los recursos de la sanidad pública no son ilimitados (el cierre de servicios de atención continuada en Cataluña lo pone de manifiesto) y la mayoría de la sociedad catalana no acepta que necesidades sanitarias más vitales dejen de ser atendidas por desviar presupuesto a ese tipo de tratamientos.

El anteproyecto garantiza la participación de LGTB en las políticas de salud sexual, privilegio que se niega a otros colectivos. No quedan claras las razones por las cuales, dentro de una ley que pretende la normalización y no discriminación, se privilegia a un grupo social que incluye a hombres y mujeres que tienen formas de enfermar comunes al resto de las personas. Cuestión diferente es que se considere que estilos de vida, como el del colectivo que nos ocupa, pueden ser generadores de riesgos para la propia salud; de ser así, esta cuestión debe ser incluida dentro de las campañas de prevención de las enfermedades que esos estilos de vida puedan ocasionar, tal y como sucede con el tabaquismo, el sedentarismo y otros factores de riesgo.

Propone “eliminar los sesgos de género a la hora de determinar políticas de investigación, garantizando especialmente el estudio y el desarrollo de políticas sanitarias específicas del colectivo LGBT, especialmente de las lesbianas y las personas transexuales” (art. 16.e). Este planteamiento genera más problemas que los que resuelve, especialmente porque, en la actualidad, las recomendaciones en materia de investigación incluyen incorporar la perspectiva de género, con la finalidad de abrir la puerta a la participación, sobre todo en ensayos clínicos, a mujeres. Más allá de la orientación sexual, existe una realidad biológica en la que se apoyan los estudios y ensayos que no pueden ser obviados, ya que condicionan la eficacia de los hallazgos de investigación.

Pretende actuar sobre los colegios de médicos para impedir terapias que no se deben considerar lícitas (art. 16.f). El Código Deontológico ya lo tiene garantizado, pero esta redacción implica una interferencia de la administración primando el criterio administrativo sobre el clínico a la hora de valorar la licitud de una terapia determinada.

Promueve la discriminación positiva de los LGTB en la contratación pública y privada y en su inserción laboral (art. 20 y 22). Para acogerse a esta ventaja no se precisa ningún diagnóstico médico: basta con la manifestación de la persona interesada. Es un privilegio que en las sociedades democráticas sólo se justifica para las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión laboral. Supone una discriminación frente a un padre de familia heterosexual en paro; en contraste, la realidad constatada es que el colectivo LGTB tiene en general un poder adquisitivo elevado(2). Primar así arbitrariamente a un colectivo es antidemocrático, pero es hiriente en un entorno laboral como el actual.

Garantizar técnicas de reproducción asistida a las lesbianas o igualar el acceso a la adopción (art. 21) implica que lo más importante son los intereses de la pareja, no los del niño, y hay estudios que muestran que los niños criados en una familia con padre y madre tienen mejores oportunidades de desarrollo personal.

Se garantiza a los LGBT en riesgo de sufrir cualquier violencia el derecho a recibir de manera inmediata una protección integral, real y efectiva (art. 24). Esa protección es un derecho universal, cuya efectiva aplicación se encuentra regulada en diversas normas actualmente en vigor, por lo que no procede establecer un sistema específico que proteja más a ese colectivo que al resto de la población, ya que supondría una discriminación antidemocrática.

Considera nulas –y amenaza con dar lugar a responsabilidad– las cláusulas de contratos que causen discriminación por razón de orientación sexual (art. 25). Atenta así contra el derecho de entidades con código ético definido a hacerlo efectivo en actuaciones como contratación de personal, adjudicación de responsabilidades, etc.

A la hora de decidir a qué países conceder ayudas para el desarrollo, la Generalitat tendrá en cuenta el respeto a los derechos de los LGBT (art. 27). La Generalitat pierde autoridad moral cuando aplica este criterio de forma selectiva a los LGTB y lo ignora a la hora de defender a los ciudadanos que son masacrados a cientos en sus países por su fe o por su ideología.

Se considera infracción leve “emitir mensajes subliminales que inciten a la homofobia” (art. 31.1.b). Nos parece correcto el principio, pero no la indefinición de “mensajes subliminales”, que se presta a la interpretación arbitraria. Lo mismo sucede con el “comportamiento verbal que denote homofobia” (art. 31.1.c). Este mismo riesgo de arbitrariedad lo fomenta la ley cuando señala que se podrá aducir discriminación incluso a partir de presuntas pruebas meramente estadísticas o cualitativas (art. 4.d).

Se consideran infracciones graves los escritos, publicaciones o contenidos públicos que tengan connotaciones homofóbicas o transfóbicas (art. 31.2.i) y muy graves los contenidos homofóbicos, lesbofóbicos o transfóbicos en mensajes o discursos públicos y en su emisión (art. 32.3.d). El proyecto de ley no define estos conceptos ni distingue entre respeto a las personas y libre concurrencia de ideas, algo fundamental para la salud democrática: Se debe exigir respeto a las personas; se debe exigir con la misma firmeza respeto a la libertad de opinión, a la libre evaluación de ideas y conductas y a su expresión pública; la administración debe velar por la salvaguarda de ambas y abstenerse de penalizar estas últimas, no debe ser salvaguarda de unos posicionamientos ideológicos frente a otros.

Se propone elaborar periódicamente estadísticas relativas entre otras a resoluciones administrativas de idoneidad para adoptar, distinguiendo entre parejas de diferente sexo y LGBT (art. 34.e). Las citadas resoluciones tienen un valor limitado para evaluar la situación de discrIminación o ausencia de ella del colectivo LGTB, pues las entidades competentes deben incluir otros muchos criterios a la hora de decidir la idoneidad de una pareja para adoptar; plantear este criterio como elemento de revisión estadística apunta a una inaceptable presión política sobre los órganos de decisión para que faciliten la adopción a los LGTB.

En su afán privilegiador, la normativa citada no sólo reprueba las acciones que considera contrarias a sus objetivos, sino también “el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas” (art. 4.g), lo que revela una actitud impositiva sólo justificable cuando se trata de derechos fundamentales. Lo cierto es que los LGTB tienen garantizada por ley y en la práctica estos derechos; no es necesario primarlos más que a los demás.

II.- CONCLUSIONES: 

La ley analizada se presenta como innovadora, pero supone un retroceso en las libertades cívicas y una amenaza a la democracia. Confunde derechos con privilegios y hace incompatible el democrático respeto a las personas con el igualmente democrático derecho a la concurrencia de ideas y a su libre expresión. Exige un trato específicamente ventajoso para los LGTB en detrimento de derechos fundamentales de los demás.

El art. 27.b postula “establecer una comunicación estable con el conjunto de representantes de las creencias religiosas que conviven en Cataluña”. Los protestantes, desde la Alianza Evangélica Española, no reclamamos ningún trato especial a la hora de ser consultados en el desarrollo de esta ley, sino el mismo que el resto de colectivos y ciudadanos. Es en este sentido que presentamos este comunicado ofreciendo a los poderes públicos nuestra perspectiva.

Los protestantes sabemos lo que significa ser minoría perseguida por el poder y por la sociedad civil; se nos han negado derechos inalienables, se ha borrado nuestra memoria, se ha denigrado nuestra identidad, y la democracia aún no ha restaurado todo esto; más aún, en el pasado fuimos estigmatizados por el nacional-catolicismo y en la actualidad, vuelto el péndulo, lo somos por el laicismo dogmatizante. Por eso comprendemos la persecución que muchas personas LGTB han sufrido en el pasado. Pero en contraste, lo que hoy los protestantes reclamamos es igualdad de trato, no pretendemos beneficiarnos del victimismo para obtener nada que no se le conceda a los demás.No es que reclamemos la misma discriminación positiva que los LGTB, sino afirmamos que esos privilegios no se deben reclamar porque menoscaban la igualdad y las libertades de los demás; no son compatibles con democracia.

 

A los protestantes este proyecto de ley no nos molesta ya porque amenaza nuestra libertad para opinar sobre la conducta sexual y expresarlo en público, en los medios o en nuestras propias iglesias, sino porque amenaza la libertad de todos para esto mismo. No nos molesta porque una minoría tenga más privilegios que nosotros, sino porque es profundamente antidemocrático que la administración, que a todos nos representa, prime a una minoría, sea la que sea. No nos molesta que el lobby LGTB tenga acceso al poder, sino que haga uso inadecuado de ese poder en beneficio propio y en contra de los demás, y nos molesta que la administración muestre debilidad ante esa presión y vulnere su compromiso de trato igualitario con todos los ciudadanos.

La democracia, es cierto, no consiste sólo en respetar la voluntad de la mayoría, sino en compatibilizarla con los derechos de las minorías y los derechos inalienables de la persona, pero el anteproyecto analizado, al privilegiar al colectivo LGTB, vulnera derechos de los que no lo son.

Después de años de discriminación contra las personas LGTB, la realidad constatable es que hoy este es un colectivo menos vulnerable que el resto de la sociedad, tanto en respeto a su imagen como a sus derechos cívicos. Una ley como la propuesta, parcial y generadora de privilegios, no es necesaria. Si la Generalitat insiste, por oportunidad política, en sacar una ley de este tipo, debe revisarla para eliminar todo tipo de discriminación positiva para los LGTB que suponga una discriminación negativa para los demás.

El proyecto de ley pretende presentar a Cataluña como un país abierto y progresista. Apoyamos a la Generalitat en ese objetivo, y por eso mismo advertimos que el citado proyecto de ley empuja a Cataluña en la dirección contraria.

 

Equipo de Autorización

 

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(1) Guía sobre contratación pública y competencia. Comisión Nacional de la Competencia. Madrid, 2010.

(2) Sólo en 2013 los turistas LGTB dejaron 450 millones de euros en Barcelona (RAGAP España, 21/06/2014)

Como Alianza Evangélica Española, y desde nuestra firme posición de defensa de la libertad religiosa y de conciencia en el espacio público, coincidimos con la argumentación seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su sentencia acerca de la posibilidad de que un Estado pueda prohibir el uso del burka o el nikab en espacios públicos.

1.- El TEDH ha avalado la tesis de que el burka o el nikab no podrían prohibirse por razones relacionadas sólo con la conciencia o las creencias.

Los ciudadanos debemos conservar la libertad para manifestar a través de los medios que están a nuestro alcance, entre ellas la forma en la que vestimos, nuestras convicciones y creencias y eso debe ser ejercido tanto en el espacio público como en el privado.

El riesgo que experimenta nuestra sociedad es que las creencias de cada uno, las cuestiones de su conciencia, no puedan ser manifestadas en público. El riesgo es llegar a criminalizar lo religioso, eligiendo entre convicciones cuáles se pueden manifestar en público y cuáles no, lo que sería contrario al artículo 18 de la carta de los derechos humanos.

2.- En cambio el TEDH ha basado acertadamente su argumentación en cuestiones que no son de conciencia, sino realizando un enfoque correcto centrado en el área de la seguridad pública.

El TEDH reconoce el derecho de los Estados “de identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad de las personas y los bienes y luchar contra el fraude de identidad”. Hace años que en Francia y en muchos otros Estados del mundo  no se puede entrar en espacios públicos con la cara cubierta por un pasamontañas o por un casco.

De la misma manera es una necesidad y una obligación de los Estados la prevención del crimen y en ese entorno los ciudadanos, independientemente de sus convicciones, tienen que facilitar su reconocimiento.

3.- Recalcamos como Alianza Evangélica la absoluta necesidad de respetar los derechos humanos y las convicciones profundas de todos los ciudadanos (libertad de conciencia, de expresión, etc.), de tal trascendencia que la función de los Estados debe ser preservarlos y garantizar la máxima expresión de su ejercicio.

Cualquier tipo de limitación de su ejercicio debe quedar restringida a la preservación de derechos fundamentales de otras personas.

4.- Pero de la misma forma, entendemos y defendemos que el límite de todo derecho fundamental de una persona está en el derecho fundamental de otra persona. Por otro lado, reconocemos el deber de los Estados de preservar la seguridad en los espacios públicos a través de leyes iguales para todos los ciudadanos sin distinción de creencia.

En este mismo sentido, y al margen del espacio público, el Estado debe también preservar la libertad de las personas para no ser obligadas a vestir de una determinada manera por las convicciones de padres, maridos u otros familiares con ascendencia sobre ellas. Las convicciones de las familias nunca están por encima de las convicciones de la persona.

 

Equipo de Autorización

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