El papa Francisco y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana han recibido este pasado jueves en el Vaticano a diferentes cargos de la Alianza Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas en inglés) entre quienes se encontraba Geoff Tunnicliffe (secretario general de la WEA), en una reunión en la que se discutieron temas de preocupación común. A raíz de este encuentro, y las declaraciones realizadas por sus protagonistas, como Alianza Evangélica Española (AEE) deseamos exponer:

La visita de Geoff Tunnicliffe al Papa ha sido una iniciativa personal y no obedece a una decisión previamente debatida, consensuada y articulada en el conjunto de la WEA. Por esta misma naturaleza privada, dicha visita nos parece respetable, pero no tiene para la Alianza Evangélica Española ningún carácter vinculante. No nos sentimos representados con la visita ni identificados con el discurso público posterior que contiene algunos aspectos altamente cuestionables como evangélicos.

Apoyamos y reconocemos la utilidad de encuentros entre miembros relevantes de diversas instituciones para compartir cuestiones de interés, colaborar en la defensa de los Derechos

Humanos y luchar contra problemas como la pobreza, la injusticia social, la corrupción, la violencia o la persecución religiosa. Como evangélicos apoyamos  las iniciativas de cobeligerancia a favor de un mundo más justo y libre. Sin embargo, fundamentar sobre este espíritu de colaboración la propuesta de  ‘un nuevo nivel de discusión pública sobre nuestras creencias fundamentales’, proponer que la Alianza Evangélica Mundial ‘haga de tal colaboración una alta prioridad’, o unir  tales encuentros a ‘la plena obediencia a la misión que Dios ha confiado a la Iglesia’, es algo con lo que no podemos coincidir desde la AEE.

Discrepamos de esta propuestas del Sr. Tunnicliffe porque nuestras divergencias con la I.C. R. no son meras ‘diferencias entre nuestras tradiciones’ (como expresó él mismo), ni de ‘aclarar malentendidos y superar prejuicios’ (como lo hizo el Papa en su discurso de respuesta), sino algo de mucho mayor calado doctrinal y eclesiológico.

No es útil apelar a una terminología espiritual equívoca que sugiere que todos tenemos el mismo Espíritu por el simple hecho de llevar el nombre de cristianos. La Escritura es clara al respecto: “Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”¹.

Por supuesto, no nos compete a nosotros emitir juicios de valor sobre este asunto. Dios es el único que sabe quién tiene el Espíritu de Dios y quién no, pero  como evangélicos creemos firmemente que el ser cristiano depende de una decisión personal y no de la pertenencia a una institución religiosa. Por esta misma razón no tenemos ninguna duda de que dentro la Iglesia Católico Romana hay personas que son hijos de Dios.

Creemos que el problema fundamental para llegar a la unidad con la I. C. R  no es la falta de diálogo –un asunto de formas- sino la distancia doctrinal acumulada con el paso de los siglos. No es un problema de continente, sino de contenido. La I.C.R. ha despojado a la Biblia de su autoridad,

equiparándola y supeditándola a mandamientos de hombres.  Igualmente  ha erosionado el Señorío de Cristo añadiendo otros mediadores entre Dios y los hombres. . Por tanto, no es como institución la Iglesia de Cristo.

La posición de la AEE no descansa en malentendidos ni prejuicios históricos, aunque sean miles los evangélicos españoles -todavía vivos- que han sufrido en sus propias carnes la discriminación, la estigmatización social y hasta la persecución literal a causa de su fe por parte de la institución Católico-Romana. Nuestra posición se afirma en una conciencia Cristo-céntrica y bíblica que no nos permite contemplar la unidad del cuerpo de Cristo como algo dependiente del diálogo entre instituciones, sean la WEA, la Iglesia de Roma o el Patriarcado ortodoxo, sino de la visibilización y reconocimiento mutuo de los hijos de Dios. La Iglesia de Cristo es única y está conformada por todos los hijos de Dios nacidos de nuevo, no la definen los acuerdos entre las instituciones o sus dirigentes, no es una institución sino un organismo vivo.

Nuestro compromiso último es con las Escrituras como suprema autoridad y con la suficiencia salvífica de la gracia de Cristo. Para nosotros la base imprescindible de cualquier diálogo sigue siendo el lema de la Reforma, magistralmente resumido en una triple columna: Sola Scriptura, Sola Gratia y Sola Fide.

 

Equipo de Autorización

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1 Rom 8:9

 

I.- ANÁLISIS

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia en Cataluña se presenta como un instrumento de protección de una minoría cuyos derechos se ven amenazados. Hay que plantearse antes si realmente existe esa amenaza hoy en día; el preámbulo de la ley muestra una inconsistente y contradictoria argumentación cuando dice que “las estadísticas de los últimos años demuestran la conveniencia de actuar”, para luego reconocer que “en la actualidad faltan datos e indicadores”, pero inmediatamente aventura sin pruebas que “todo lleva a pensar que los casos reales son muy superiores a los que nos muestran las estadísticas”.

La exposición de motivos de la ley presenta una manipulación argumental que pretende justificar algo innecesario: en realidad, cualquier colectivo discriminado debería ser protegido sin necesidad de tener que recurrir a la estadística.

Tampoco nosotros disponemos de esos datos, pero la realidad que se percibe es que el colectivo LGTB es una minoría privilegiada en sus derechos y en la imagen pública que de ella se proyecta (así, no hay serie televisiva que no incluya un personaje gay o lesbiana entre sus protagonistas, con un perfil que genera una corriente de simpatía). Como consecuencia de la presión social y política del lobby LGTB, hay más bien la percepción de que se trata de una minoría promocionada sobre cuya conducta nadie se atreve a opinar, a diferencia de otros colectivos. El miedo a ser acusado de homofobia coarta sistemáticamente la libertad de opinión en todos los entornos.

La ley busca “fomentar en la ciudadanía en general valores de igualdad, respeto y tolerancia”. La realidad es que amenaza la igualdad y fomenta la intolerancia: así, por ejemplo, establece privilegios en el entorno educativo, laboral, sanitario o familiar, y promueve el control ideológico en los medios y promulga criterios de sanción que dan lugar a la arbitrariedad.

Privilegia al colectivo LGTB cuando promueve su “visibilidad, participación y representación, así como su realidad y sus necesidades específicas tanto en el ámbito público como del privado.” (art. 6.d).La visibilidad de un colectivo y su representación deben ser la consecuencia de la libre expresión de la sociedad civil, no de la presión selectiva de la administración. Las necesidades del colectivo LGTB no son mayores que las de cualquier otro colectivo, a no ser que entendamos que sufren algún tipo de discapacidad o limitación. Extender además esta parcialidad al entorno privado supone una interferencia inadmisible de la administración (art.5, 6.d, 6.j, 15, 20.b entre otros).

Ese tratamiento privilegiado se muestra igualmente cuando define como discriminación indirecta cualquier actividad o decisión en principio neutra, pero que “pueda ocasionar a personas LGBT una desventaja particular” (art. 4.d). Lo mismo sucede cuando habla de un entorno “molesto” para este colectivo: da esto pie a toda subjetividad y a la arbitrariedad en la interpretación; los protestantes hemos vivido en entornos en los que nos sentimos molestos, y no reclamamos que la ley nos lo resuelva, porque esto requiere un cambio de mentalidad, no la imposición coercitiva de la ley.

Requiere que los funcionarios adquieran una formación específica en relación con los LGTB (art. 6.h, 18.b y 20.f), con lo que contradice el concepto de normalización a todos los efectos. Esta formación específica sólo podría tener alguna justificación si se tratase de personas con alguna limitación o discapacidad, y no es este el caso.

Cuando promueve “líneas de apoyo a favor de iniciativas del mundo asociativo, privado e institucional” para este colectivo, lo está privilegiando con respecto al resto de la sociedad, con lo que rompe con el principio básico de que todos somos iguales ante la ley. La homosexualidad no es una cualidad superior a la heterosexualidad y la administración no debe primarla, y mucho menos extender esta parcialidad con recursos públicos a la actividad privada.

Modular la contratación pública en función del trato a los LGTB (art. 6.k)supone una interferencia ideológica en algo que debe mantener libertad de acceso, transparencia e igualdad de trato

Crear un específico Consejo Nacional de LGTB y un órgano rector de las políticas LGBT (art. 8 y 9) con amplia influencia sobre todos los departamentos de la Generalitat –con su correspondiente gasto presupuestario– implica concederle al colectivo una relevancia política difícil de explicar, especialmente en comparación con otros colectivos claramente más desfavorecidos.

El art. 12 manipula el uso del concepto de coeducación para justificar la obligatoria introducción en el curriculum educativo del adoctrinamiento en una forma específica de entender la sexualidad; se llega a imponer que se recoja en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y del Plan de Acción Tutorial (PAT). Se estipula el seguimiento específico de la situación de los LGTB en las aulas, algo que no se realiza con ningún otro colectivo.

Traslada la imposición del ideario LGTB a la Universidad, promoviendo la implantación de asignaturas específicas y materias transversales. Emula así los tiempos de la dictadura con la presencia en la Universidad de la Religión y la Formación del Espíritu Nacional.

Es difícil de comprender que la Generalitat promueva competiciones deportivas que incorporen la temática LGTB (art. 14), una muestra de interferencia de ideología y política con el deporte que nos retrotrae otra vez a las manifestaciones gimnástico-deportivas franquistas de la Sección Femenina y del 1º de mayo en el Santiago Bernabeu. Menos se comprende que las publicaciones con contenido LGBT condicionen específicamente el criterio de selección de publicaciones que se hará llegar a las bibliotecas públicas y al movimiento asociativo juvenil; no es compatible con la imparcialidad ideológica y de pensamiento que debe regir esa selección. Nuestras publicaciones protestantes han sido censuradas y siguen ausentes de estas entidades; reclamamos igualdad de trato al respecto, pero jamás exigiremos un trato privilegiado.

Establece medidas coercitivas más o menos declaradas sobre los medios de comunicación (art. 15), que van desde recomendaciones (una forma sutil de censura previa) hasta fomentar explícitamente la inclusión de la temática LGTB. Estas medidas van en la dirección contraria de la independencia de los medios y la libertad de prensa.

Se recogerán y seguirán periódicamente las informaciones con tratamiento contrario a la diversidad sexual y se informará al Parlament y al Consejo Nacional de LGTB. Se establecerá de esta manera un control sectario de la libertad de opinión: así, será perseguido creer, argumentar y manifestar en los medios que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer o que la Biblia condena la práctica homosexual. De hecho, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31, leer determinados pasajes de la Biblia en público podría llegar a ser considerado como una infracción grave o muy grave.

El sistema sanitario catalán deberá “incorporar la perspectiva de género”; para garantizar la cobertura sanitaria universal no es necesario recurrir a esta expresión tantas veces reiterada: sencillamente hay que cubrir el servicio y dotarlo responsablemente. Pero cuando habla de las “necesidades específicas de las personas LGBT” introduce el tratamiento quirúrgico y hormonal de los transexuales, transgéneros e intersexuales. Hay que decir que una intervención quirúrgica de cambio de sexo cuesta más de 20.000€, a lo que hay que añadir el coste del tratamiento hormonal de por vida y las posibles reintervenciones posteriores de cirugía estética. Los recursos de la sanidad pública no son ilimitados (el cierre de servicios de atención continuada en Cataluña lo pone de manifiesto) y la mayoría de la sociedad catalana no acepta que necesidades sanitarias más vitales dejen de ser atendidas por desviar presupuesto a ese tipo de tratamientos.

El anteproyecto garantiza la participación de LGTB en las políticas de salud sexual, privilegio que se niega a otros colectivos. No quedan claras las razones por las cuales, dentro de una ley que pretende la normalización y no discriminación, se privilegia a un grupo social que incluye a hombres y mujeres que tienen formas de enfermar comunes al resto de las personas. Cuestión diferente es que se considere que estilos de vida, como el del colectivo que nos ocupa, pueden ser generadores de riesgos para la propia salud; de ser así, esta cuestión debe ser incluida dentro de las campañas de prevención de las enfermedades que esos estilos de vida puedan ocasionar, tal y como sucede con el tabaquismo, el sedentarismo y otros factores de riesgo.

Propone “eliminar los sesgos de género a la hora de determinar políticas de investigación, garantizando especialmente el estudio y el desarrollo de políticas sanitarias específicas del colectivo LGBT, especialmente de las lesbianas y las personas transexuales” (art. 16.e). Este planteamiento genera más problemas que los que resuelve, especialmente porque, en la actualidad, las recomendaciones en materia de investigación incluyen incorporar la perspectiva de género, con la finalidad de abrir la puerta a la participación, sobre todo en ensayos clínicos, a mujeres. Más allá de la orientación sexual, existe una realidad biológica en la que se apoyan los estudios y ensayos que no pueden ser obviados, ya que condicionan la eficacia de los hallazgos de investigación.

Pretende actuar sobre los colegios de médicos para impedir terapias que no se deben considerar lícitas (art. 16.f). El Código Deontológico ya lo tiene garantizado, pero esta redacción implica una interferencia de la administración primando el criterio administrativo sobre el clínico a la hora de valorar la licitud de una terapia determinada.

Promueve la discriminación positiva de los LGTB en la contratación pública y privada y en su inserción laboral (art. 20 y 22). Para acogerse a esta ventaja no se precisa ningún diagnóstico médico: basta con la manifestación de la persona interesada. Es un privilegio que en las sociedades democráticas sólo se justifica para las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión laboral. Supone una discriminación frente a un padre de familia heterosexual en paro; en contraste, la realidad constatada es que el colectivo LGTB tiene en general un poder adquisitivo elevado(2). Primar así arbitrariamente a un colectivo es antidemocrático, pero es hiriente en un entorno laboral como el actual.

Garantizar técnicas de reproducción asistida a las lesbianas o igualar el acceso a la adopción (art. 21) implica que lo más importante son los intereses de la pareja, no los del niño, y hay estudios que muestran que los niños criados en una familia con padre y madre tienen mejores oportunidades de desarrollo personal.

Se garantiza a los LGBT en riesgo de sufrir cualquier violencia el derecho a recibir de manera inmediata una protección integral, real y efectiva (art. 24). Esa protección es un derecho universal, cuya efectiva aplicación se encuentra regulada en diversas normas actualmente en vigor, por lo que no procede establecer un sistema específico que proteja más a ese colectivo que al resto de la población, ya que supondría una discriminación antidemocrática.

Considera nulas –y amenaza con dar lugar a responsabilidad– las cláusulas de contratos que causen discriminación por razón de orientación sexual (art. 25). Atenta así contra el derecho de entidades con código ético definido a hacerlo efectivo en actuaciones como contratación de personal, adjudicación de responsabilidades, etc.

A la hora de decidir a qué países conceder ayudas para el desarrollo, la Generalitat tendrá en cuenta el respeto a los derechos de los LGBT (art. 27). La Generalitat pierde autoridad moral cuando aplica este criterio de forma selectiva a los LGTB y lo ignora a la hora de defender a los ciudadanos que son masacrados a cientos en sus países por su fe o por su ideología.

Se considera infracción leve “emitir mensajes subliminales que inciten a la homofobia” (art. 31.1.b). Nos parece correcto el principio, pero no la indefinición de “mensajes subliminales”, que se presta a la interpretación arbitraria. Lo mismo sucede con el “comportamiento verbal que denote homofobia” (art. 31.1.c). Este mismo riesgo de arbitrariedad lo fomenta la ley cuando señala que se podrá aducir discriminación incluso a partir de presuntas pruebas meramente estadísticas o cualitativas (art. 4.d).

Se consideran infracciones graves los escritos, publicaciones o contenidos públicos que tengan connotaciones homofóbicas o transfóbicas (art. 31.2.i) y muy graves los contenidos homofóbicos, lesbofóbicos o transfóbicos en mensajes o discursos públicos y en su emisión (art. 32.3.d). El proyecto de ley no define estos conceptos ni distingue entre respeto a las personas y libre concurrencia de ideas, algo fundamental para la salud democrática: Se debe exigir respeto a las personas; se debe exigir con la misma firmeza respeto a la libertad de opinión, a la libre evaluación de ideas y conductas y a su expresión pública; la administración debe velar por la salvaguarda de ambas y abstenerse de penalizar estas últimas, no debe ser salvaguarda de unos posicionamientos ideológicos frente a otros.

Se propone elaborar periódicamente estadísticas relativas entre otras a resoluciones administrativas de idoneidad para adoptar, distinguiendo entre parejas de diferente sexo y LGBT (art. 34.e). Las citadas resoluciones tienen un valor limitado para evaluar la situación de discrIminación o ausencia de ella del colectivo LGTB, pues las entidades competentes deben incluir otros muchos criterios a la hora de decidir la idoneidad de una pareja para adoptar; plantear este criterio como elemento de revisión estadística apunta a una inaceptable presión política sobre los órganos de decisión para que faciliten la adopción a los LGTB.

En su afán privilegiador, la normativa citada no sólo reprueba las acciones que considera contrarias a sus objetivos, sino también “el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas” (art. 4.g), lo que revela una actitud impositiva sólo justificable cuando se trata de derechos fundamentales. Lo cierto es que los LGTB tienen garantizada por ley y en la práctica estos derechos; no es necesario primarlos más que a los demás.

II.- CONCLUSIONES: 

La ley analizada se presenta como innovadora, pero supone un retroceso en las libertades cívicas y una amenaza a la democracia. Confunde derechos con privilegios y hace incompatible el democrático respeto a las personas con el igualmente democrático derecho a la concurrencia de ideas y a su libre expresión. Exige un trato específicamente ventajoso para los LGTB en detrimento de derechos fundamentales de los demás.

El art. 27.b postula “establecer una comunicación estable con el conjunto de representantes de las creencias religiosas que conviven en Cataluña”. Los protestantes, desde la Alianza Evangélica Española, no reclamamos ningún trato especial a la hora de ser consultados en el desarrollo de esta ley, sino el mismo que el resto de colectivos y ciudadanos. Es en este sentido que presentamos este comunicado ofreciendo a los poderes públicos nuestra perspectiva.

Los protestantes sabemos lo que significa ser minoría perseguida por el poder y por la sociedad civil; se nos han negado derechos inalienables, se ha borrado nuestra memoria, se ha denigrado nuestra identidad, y la democracia aún no ha restaurado todo esto; más aún, en el pasado fuimos estigmatizados por el nacional-catolicismo y en la actualidad, vuelto el péndulo, lo somos por el laicismo dogmatizante. Por eso comprendemos la persecución que muchas personas LGTB han sufrido en el pasado. Pero en contraste, lo que hoy los protestantes reclamamos es igualdad de trato, no pretendemos beneficiarnos del victimismo para obtener nada que no se le conceda a los demás.No es que reclamemos la misma discriminación positiva que los LGTB, sino afirmamos que esos privilegios no se deben reclamar porque menoscaban la igualdad y las libertades de los demás; no son compatibles con democracia.

 

A los protestantes este proyecto de ley no nos molesta ya porque amenaza nuestra libertad para opinar sobre la conducta sexual y expresarlo en público, en los medios o en nuestras propias iglesias, sino porque amenaza la libertad de todos para esto mismo. No nos molesta porque una minoría tenga más privilegios que nosotros, sino porque es profundamente antidemocrático que la administración, que a todos nos representa, prime a una minoría, sea la que sea. No nos molesta que el lobby LGTB tenga acceso al poder, sino que haga uso inadecuado de ese poder en beneficio propio y en contra de los demás, y nos molesta que la administración muestre debilidad ante esa presión y vulnere su compromiso de trato igualitario con todos los ciudadanos.

La democracia, es cierto, no consiste sólo en respetar la voluntad de la mayoría, sino en compatibilizarla con los derechos de las minorías y los derechos inalienables de la persona, pero el anteproyecto analizado, al privilegiar al colectivo LGTB, vulnera derechos de los que no lo son.

Después de años de discriminación contra las personas LGTB, la realidad constatable es que hoy este es un colectivo menos vulnerable que el resto de la sociedad, tanto en respeto a su imagen como a sus derechos cívicos. Una ley como la propuesta, parcial y generadora de privilegios, no es necesaria. Si la Generalitat insiste, por oportunidad política, en sacar una ley de este tipo, debe revisarla para eliminar todo tipo de discriminación positiva para los LGTB que suponga una discriminación negativa para los demás.

El proyecto de ley pretende presentar a Cataluña como un país abierto y progresista. Apoyamos a la Generalitat en ese objetivo, y por eso mismo advertimos que el citado proyecto de ley empuja a Cataluña en la dirección contraria.

 

Equipo de Autorización

 

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(1) Guía sobre contratación pública y competencia. Comisión Nacional de la Competencia. Madrid, 2010.

(2) Sólo en 2013 los turistas LGTB dejaron 450 millones de euros en Barcelona (RAGAP España, 21/06/2014)

Como Alianza Evangélica Española, y desde nuestra firme posición de defensa de la libertad religiosa y de conciencia en el espacio público, coincidimos con la argumentación seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su sentencia acerca de la posibilidad de que un Estado pueda prohibir el uso del burka o el nikab en espacios públicos.

1.- El TEDH ha avalado la tesis de que el burka o el nikab no podrían prohibirse por razones relacionadas sólo con la conciencia o las creencias.

Los ciudadanos debemos conservar la libertad para manifestar a través de los medios que están a nuestro alcance, entre ellas la forma en la que vestimos, nuestras convicciones y creencias y eso debe ser ejercido tanto en el espacio público como en el privado.

El riesgo que experimenta nuestra sociedad es que las creencias de cada uno, las cuestiones de su conciencia, no puedan ser manifestadas en público. El riesgo es llegar a criminalizar lo religioso, eligiendo entre convicciones cuáles se pueden manifestar en público y cuáles no, lo que sería contrario al artículo 18 de la carta de los derechos humanos.

2.- En cambio el TEDH ha basado acertadamente su argumentación en cuestiones que no son de conciencia, sino realizando un enfoque correcto centrado en el área de la seguridad pública.

El TEDH reconoce el derecho de los Estados “de identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad de las personas y los bienes y luchar contra el fraude de identidad”. Hace años que en Francia y en muchos otros Estados del mundo  no se puede entrar en espacios públicos con la cara cubierta por un pasamontañas o por un casco.

De la misma manera es una necesidad y una obligación de los Estados la prevención del crimen y en ese entorno los ciudadanos, independientemente de sus convicciones, tienen que facilitar su reconocimiento.

3.- Recalcamos como Alianza Evangélica la absoluta necesidad de respetar los derechos humanos y las convicciones profundas de todos los ciudadanos (libertad de conciencia, de expresión, etc.), de tal trascendencia que la función de los Estados debe ser preservarlos y garantizar la máxima expresión de su ejercicio.

Cualquier tipo de limitación de su ejercicio debe quedar restringida a la preservación de derechos fundamentales de otras personas.

4.- Pero de la misma forma, entendemos y defendemos que el límite de todo derecho fundamental de una persona está en el derecho fundamental de otra persona. Por otro lado, reconocemos el deber de los Estados de preservar la seguridad en los espacios públicos a través de leyes iguales para todos los ciudadanos sin distinción de creencia.

En este mismo sentido, y al margen del espacio público, el Estado debe también preservar la libertad de las personas para no ser obligadas a vestir de una determinada manera por las convicciones de padres, maridos u otros familiares con ascendencia sobre ellas. Las convicciones de las familias nunca están por encima de las convicciones de la persona.

 

Equipo de Autorización

 

Ante el continuo goteo de muertes y secuestros perpetrados por el grupo terrorista Boko Haram en Nigeria, responsable de más de 3.000 muertes en el medio año transcurrido de 2014, y con una carrera del horror de más de 12.000 muertes y 8000 heridos en los últimos cinco años, como Alianza Evangélica Española queremos realizar las siguientes reflexiones, denuncias y peticiones: 

1-   El objetivo claro de Boko Haram es el exterminio de un grupo definido por cuestiones de conciencia. Su objetivo es la eliminación física de los cristianos en el Norte de Nigeria.

No se trata de un combate de facciones diferenciadas por motivos de creencias, no es una guerra de religión, sino la eliminación planificada y sistemática de los cristianos.

Este tipo de crímenes son crímenes de lesa humanidad, que caben dentro del concepto de genocidio y las víctimas deben ser protegidas y tratadas como víctimas de estos crímenes intolerables.

2-   Es obvio que el gobierno de Nigeria no tiene la capacidad de impedir este genocidio.

El gobierno se ha mostrado incapaz, bien sea porque no tiene los medios, bien sea porque no controla las fuerzas armadas y la policía, bien sea porque no tiene el interés suficiente de proteger a sus propios ciudadanos.

Visto esto, existe una responsabilidad de la comunidad internacional la de proteger a seres humanos indefensos con todos los medios a su alcance.

3–   Lo que hoy sucede en Nigeria, sucede también en otros países, con un gobierno integrista musulmán principalmente. 

Así, los cristianos están en riesgo de exterminio por campañas sistemáticamente organizadas en Siria, Irak, Libia, Pakistán, Afganistán y algunos otros lugares del planeta.

No existe otro colectivo tan perseguido por cuestiones de conciencia como los cristianos. Los cristianos evangélicos de nuestro país reclamamos a España y a la comunidad internacional que haga todo lo necesario para detener esta limpieza ideológica.

No es tolerable mirar hacia otro lado mientras se produce este genocidio. Como en su momento recordó el pastor bautista Martin Luther King: “Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos… nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan”.

4-   De forma especial emplazamos al gobierno español a tomar su lugar en la comunidad internacional por la defensa de los que están en riesgo de ser exterminados por causa de su conciencia.

Todos los gobiernos de la democracia española se han caracterizado por su insensibilidad en la defensa de los derechos fundamentales ligados a la libertad de conciencia.

No nos hemos caracterizado, como otros países de nuestro entorno, por ser abanderados de las libertades. La acción política exterior se ha regido por criterios utilitaristas, en lugar de ser un gobierno ético y responsable. Queremos tener gobiernos éticos que cambien el rumbo y las prioridades de nuestra acción exterior.

Por todo ello pedimos a nuestro gobierno actual que convierta en criterio principal de la acción exterior la defensa de los derechos de libertad de conciencia y expresión. Queremos que los gobiernos de nuestro país nos hagan sentir orgullosos de defender las libertades en las que creemos los ciudadanos.

Equipo de Autorización

En relación con el debate acerca de la organización territorial que vive nuestro país, buscando una reflexión serena y una respuesta adecuada desde una perspectiva cristiana, como Alianza Evangélica Española quisiéramos aportar las siguientes ideas:

  1. La Iglesia siempre ministra en un marco dado que ha recibido. La Iglesia no ha sido llamada a fijar el marco territorial en el que realiza su misión. Más allá del marco que fijan los ciudadanos con sus votos y las autoridades con sus decisiones, la Biblia nos habla que es Dios el que fija los tiempos y los límites geográficos en los que viven las naciones: “de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación” (Hechos 17: 26). Jesús mismo fue habitante de un país en un momento complejo de su historia en el que el pueblo judío deseaba liberarse de los ocupadores romanos y en el que mucha gente puso la mirada en Jesús esperando que él sería una clase de Mesías, libertador político y milit Pero Jesús rechazó explícitamente esa visión de su ministerio y nos señaló con claridad que el Reino que había venido a establecer no era de este mundo.
  2.  Cuando la Iglesia no ha guardado el modelo de Jesús, sino que ha sido confundida por el paradigma del “constantinismo”, ha perdido capacidad de realizar la función para la que Jesús la envió, la misión de D El papel de la Iglesia es ser Iglesia en medio de las situaciones cambiantes en las que viven los pueblos, su función es traer esperanza y un mensaje de salvación y restauración en medio de las peores crisis.
  3.  La función de la Iglesia sí tiene implicaciones políticas, pero quien define los objetivos y los métodos no es el calendario de la sociedad a su alrededor, sino los objetivos del Reino de Dios. Jesús mismo en Lucas 4: 16 – 21, citando al profeta Isaías, formula una declaración de propósito de su vida y ministerio: anunciar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, … Todo ello es una muestra del año favorable del Señor que nos trae claras reminiscencias de la institución del jubileo proclamado por Dios en el Antiguo Testamento como una institución que venía a devolver la justicia cuando esta se había perdido. En este sentido la Iglesia debe sintonizar con estos objetivos del Reino, nosotros hemos sido enviados a la misma misión que trajo al hijo de Dios al mundo, que en palabras de 1 de Juan 3: 8 es “destruir las obras del diablo”. Quien marca nuestra agenda política como Iglesia no es la sociedad sino el llamamiento de Dios a ser agentes de cambio.
  4. Los cristianos somos ciudadanos del Reino de Dios, nuestra ciudadanía y nuestras lealtades, por encima de nuestros legítimos sentimientos culturales y políticos, pertenecen al Reino de Dios. Este Reino de Dios, que en una parte muy importante coincide con la Iglesia, es un organismo transnacional, transgeneracional y transcultural donde todas las distinciones que aquí nos separan -lealtades nacionales, sexo, etnicidad, capacidad económica, etc.- han sido derribadas para llegar a ser uno en Crist La unidad de la Iglesia es tal porque refleja la unidad de la Trinidad y quien la produce es el Espíritu Santo que vive en cada uno de los cristianos. La Iglesia está aquí para rogar a la sociedad la reconciliación con Dios, por ello debe vivir como una sociedad reconciliada. El testimonio de una Iglesia que es comunidad en el más profundo sentido de la palabra constituye un modelo de relaciones para la sociedad entera.
  5.  Mientras afirmamos que la Iglesia como tal no tiene el papel de definir la organización territorial, también afirmamos que los miembros individuales de la Iglesia pueden legítimamente tener preferencias, convicciones y sentimientos en este te Ninguna opción puede reclamar para sí el estar más de acuerdo con las Escrituras que la otra, porque no hay una postura específicamente cristiana. Lo que los cristianos debemos recordar es que somos extranjeros y peregrinos aquí, que nuestros anhelos están puestos en una ciudad que no procede de esta tierra, y que tenemos el llamamiento de vivir en la tierra como ciudadanos del Reino de los cielos. Estas realidades, en lugar de evadirnos de nuestras responsabilidades cívicas, nos hacen más conscientes del transcendental papel que tenemos en medio de las situaciones difíciles y de las crisis; este rol consiste en presentar un evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y luchar en contra de las estructuras del mal y del pecado allí donde éste se halle, incluído el interior de nuestro corazón.
  6. Vemos con preocupación la forma en la que algunos cristianos se manifiestan en materia política y en especial en temas sensibles como el que nos ocupa. Percibimos con desazón cómo algunos cristianos se expresan de formas totalmente alejadas de la gracia y la misericordia que Jesús mostraba con los que le rechazaban, y recurren a una descalificación verbal que tiene más de “hooliganización” que de discrepancia expresada “con  gracia y sazonada con sal” ( Col. 4:6). La extensión del fenómeno apunta a la necesidad de que las Iglesias locales invirtamos mucho más esfuerzo en un discipulado profundo e inten Temas como éste nos muestran que a veces la extensión de la iglesia visible no se corresponde con una profundidad de la fe. Un cristianismo que no transforma todas las áreas de la vida no es la fe que vino Jesús a proclamar. Corremos el riesgo de convertirnos en gente religiosa, que mantiene unas determinadas prácticas, pero que niega la eficacia de la fe.
  7. Queremos hacer un llamamiento a considerar que, independientemente de lo que ocurra en el presente y en el futuro, nada cambie la relación de los cristianos de los distintos territorios. No debemos permitir que la sociedad, las decisiones políticas o los cambios geopolíticos nos marquen el tipo de relaciones que vamos a mantener como cristianos. Somos el pueblo de Dios y esta hermandad es un vínculo que está por encima de cualquier diferencia y que compartimos con los cristianos del mundo entero. Abogamos por seguir trabajando conjuntamente, abogamos por enfocarnos en el objetivo de que todos tengan la oportunidad de escuchar el evangelio y de verlo reflejado en la forma en la que la comunidad de Jesús se relaciona. Vivir misionalmente como comunidad es reconocer las palabras del Maestro: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros”.

 

Equipo de Autorización

La Alianza Evangélica Española en su última Asamblea tomó la decisión de no solicitar subvenciones al Estado y organismos dependientes de él, concedidas como apoyo a confesiones religiosas por el hecho de serlo. Con ello queremos profundizar en una línea de actuación que ha sido la mayoritaria a lo largo de los años entre los evangélicos en España y que es coherente con la actuación del Protestantismo desde la Reforma.

Este posicionamiento no incluye a aquellas subvenciones concedidas para proyectos de ayuda social a la comunidad y que se conceden en igualdad con otros prestadores de servicios sociales, sin atender a su consideración religiosa o no. Consideramos estas subvenciones no sólo legítimas, sino llenas de coherencia con el objetivo que persiguen. No representan trato de favor o discriminación positiva o negativa por el

hecho de ser entidad religiosa quien las pida. Simplemente una entidad religiosa presta un servicio que la sociedad valora, que es útil a un colectivo importante de la población y que se presta con criterios de calidad y puede y debe ser financiado independientemente de la ideología de quien lo presta.

Otra consideración nos merece el hecho de aceptar subvenciones dirigidas específicamente a entidades religiosas y por el hecho de serlo. Nuestro posicionamiento, y el de la mayoría de las Iglesias Evangélicas a lo largo del tiempo, ha sido el de no aceptar este tipo de subvenciones, ya que la financiación de nuestras actividades es un privilegio de los creyentes y puede llegar en determinadas ocasiones a coartar la independencia de criterio de la organización que las recibe.

Nuestra toma de postura afecta, obviamente, a nuestra entidad. No queremos prejuzgar la actuación de cualquier otra entidad religiosa que tenga una postura diferente. Lo que nos mueve es ser más coherentes con nosotros mismos.

La Alianza ha recibido básicamente, en los últimos años, una subvención anual de la Fundación Pluralismo y Convivencia dirigida a mejorar aspectos de su proyecto de comunicación Protestante Digital, aunque siempre con la visión de que su funcionamiento no dependiese económicamente de esta aportación. La Alianza, con esta decisión, está dando un paso de fe descansando en la provisión del Señor y el compromiso de su pueblo.

 

Amable Morales                      Jaume Llenas

Presidente                                   Secretario general

1-   Como cristianos partimos de una realidad fundamental: la existencia de un único Dios en tres personas y que ese Dios tiene una sola Iglesia. La unidad de esa Iglesia está basada en la unidad de Dios en la trinidad.

Son características de esa única Iglesia la unidad y la santidad, como reflejo de Yahvé, el Dios que se revela en la Biblia. La unidad de esa iglesia en la Biblia no se fundamenta en la creación de instituciones, sino que es una unidad sustentada en reflejar el carácter de Cristo y en vivir para la misión de Dios.

Por ello no hay estructuras terrenales que sean una traducción perfecta de la Iglesia de Jesucristo. Preguntarse sobre qué estructura visible es la Iglesia de Jesucristo es una pregunta que no lleva a ninguna respuesta.

La pregunta debe ser si nosotros como individuos pertenecemos a esa Iglesia y en qué medida nuestras Iglesias locales reflejan y forman parte de la Iglesia de Cristo.

2-   Desde una perspectiva evangélica, hay tres temas fundamentales cuando pensamos en la relación y diálogo formal con la Iglesia Católica Romana. Las diferencias en estos temas son de una importancia tal que hace que no existan las bases sobre las que edificar una relación de comunión espiritual.

  1. La cuestión de la autoridad. La doctrina católica expresada de forma muy constante afirma que la autoridad dentro la ICR viene asentada de manera equiparable de la Biblia y de la tradición, expresada esta a través de los concilios de la ICR y de las declaraciones ex cátedra de los Pontífices Romanos. La interpretación autorizada de la Biblia y la tradición la realiza el magisterio de la ICR que da el verdadero sentido de ambas.

Para los cristianos de perspectiva evangélica la autoridad está sólo en la Biblia. La Biblia tiene la autoridad de marcarle el rumbo a la Iglesia y ésta tiene que estar constantemente reformándose a la luz de dichas Escrituras.

2. La cuestión de la salvación. Para los cristianos hay un problema esencial que es el problema del pecado. Todos los seres humanos se han echado moralmente a perder por causa del m Todos nos hemos alejado de Dios. La solución de Dios es lo que llamamos la salvación, éste es el punto clave, la división entre la vida y la muerte.

Desde la perspectiva católica la salvación es por gracia, pero hay un espacio para el mérito humano. Esa salvación se apropia por la fe, pero hay un espacio para las obras para alcanzar la salvación.

Para los cristianos evangélicos, basados en la única autoridad de la Biblia, la salvación es algo que sólo Dios ha conseguido por la entrega de Cristo a la muerte en nuestro lugar. Es una gracia y como tal inmerecida, lo que significa sin intervención de méritos humanos. Sólo se apropia por la fe, sin el añadido de las obras. El papel de las obras en la vida cristiana es importante pero es sólo la respuesta agradecida a la salvación obtenida por Dios sin mérito ni participación alguna por parte del ser humano. 3

3.La posición única de Jesús. Tanto católicos como evangélicos asumimos la necesidad de una mediación entre el Dios al que dimos la espalda todos los seres humanos y ese ser humano.

Sin embargo, dentro de la ICR la posición de Jesucristo, el Hijo de Dios, como mediador, siendo distintiva, no es única. En su perspectiva hay una gradación de mediaciones entre Dios y los seres humanos realizada por la Virgen María y aquellos seres humanos en los que la ICR ha reconocido una santidad especial.

Los cristianos evangélicos sostenemos la convicción, según leemos en las Escrituras, de que la mediación de Cristo ante el Padre es única y no hay necesidad de ninguna otra.

3-   Hay que recordar que el origen del movimiento ecuménico actual no se inició como una forma de relación con la Iglesia de Roma, sino con la relación dentro del movimiento protestante: el movimiento ecuménico surgió a mediados del siglo XIX con la creación de la Alianza Evangélica y tuvo expresiones claves como la Conferencia de Edimburgo de  1910, como una respuesta a la necesidad de coordinar los esfuerzos misioneros de las diferentes denominaciones protestantes. “La evangelización del mundo en esta generación” fue su lema. Por tanto, el ecumenismo hoy debe recuperar sus prioridades iniciales:

a. un mayor énfasis en el entendimiento y la concertación entre las denominaciones protestantes. Relajar la obsesión del foco del diálogo con Roma y redirigirlo al diálogo interdenominacional evangélico.

b. mantener el diálogo teológico interdenominacional evangélico, pero reforzar más  la  acción  coordinada  de  los  movimientos  protestantes.  Evangelizar juntos es la mejor forma de hacer ecumenismo: tiene el efecto directo de recordarnos que somos hijos del mismo Padre y predicamos el mismo Evangelio, y el efecto indirecto de que nos ayuda a definir los elementos más básicos y profundos del mensaje que compartimos, lo que ayuda al aspecto teológico del ecumenismo.

4-   El ecumenismo de la ICR frecuentemente se convierte en una discusión sobre cómo debemos  hacer  los    que no pertenecemos  a la institución para volver  a ella.  El ecumenismo católico es el camino de regreso a la que se percibe a sí misma como única Iglesia. Nuestra relación con la Iglesia Católica debe establecerse en un terreno de juego comúnmente acordado; y el único terreno de juego que compartimos es la Palabra.

5-   La “cobeligerancia” o lucha por elementos, valores e intereses comunes,   es útil y abre  puentes  de  confianza  mutua.  Es  bueno  explorar  posibilidades  de “cobeligerancia”  con  otras  confesiones  (no  sólo  la  católica  y  la  ortodoxa),  pero evitando la apropiación indebida del protagonismo por parte de nadie: cualquier iniciativa compartida debe garantizar la visibilidad y la responsable participación en las decisiones de todas las confesiones participantes.

6-   Creemos en el diálogo con la sociedad y, como parte de la sociedad, con la Iglesia Católica. La función de ese diálogo debe ser el conocer claramente las posiciones del otro.  Es importante conocer lo que preocupa al otro en sus propias palabras.

Hay varios riesgos sobre lo que no nos es propio: 

  1. Hacerse una caricatura de las creencias del otro en lugar de conocer la verdad. Sobre la base de esa caricatura que nosotros nos hemos hecho atacarla y menospreciarla.
  2.  Atribuir convicciones, doctrinas e intenciones que realmente no están en el otro. En muchas ocasiones juzgamos a los demás, no por lo que ellos dicen de sí mismos, sino por lo que nosotros les atribuimo Eso ocurre en ocasiones por cierto sentido de ingenuidad. La cultura occidental, sintiéndose muy superior a otras culturas, juzga creencias y atribuye representatividades a quien no tiene ninguna.

A veces los evangélicos hemos analizado las creencias de la ICR desde una perspectiva evangélica. Un ejemplo de ello ha sido el atribuir una doctrina a los católicos porque un obispo determinado o un teólogo determinado sostenga dicha creencia. En una perspectiva evangélica de libre examen eso sería correcto, pero no podemos entender que en una estructura católica, juzgando al católico desde una perspectiva católica, quien define la creencia católica es el magisterio de la Iglesia y eso se expresa en el catecismo, en las declaraciones papales, en las declaraciones de los concilios que siguen siendo vigentes, etc.

 

Equipo de Autorización 

Desde hace varios meses el magnate del juego, Sheldon Adelson, baraja la posibilidad de instalar un complejo centrado en el juego en algún lugar de España, decisión que finalmente ha tomado y se ha localizado en la Comunidad de Madrid.

Ante este proyecto queremos expresar nuestra más profunda preocupación.

1- La instalación de un complejo centrado en el juego basándose en el número de puestos de trabajo que creará y en el dinero que moverá es una visión a corto plazo, que generará más consecuencias negativas que los beneficios que traerá.

Necesitamos una sociedad y como consecuencia unos gobernantes que miren en el beneficio global, a medio y largo plazo más que en el dinero para hoy que trae graves consecuencias en todos los ámbitos para nuestro país.

Ya se ha demostrado en crisis anteriores que las soluciones a corto plazo traen problemas a largo plazo. En los años 60, la crisis de la vivienda llevó a una construcción exenta de planes urbanísticos y de previsión de servicios para la población, que aún estamos pagando en grandes sectores de nuestras ciudades. Estos sectores de crecimiento de aquellos años son los actuales barrios donde se concentra la droga, la delincuencia y toda clase de precariedades. Si ahora permitimos el destrozo y la densificación de otras zonas de nuestro país, para tratar de dar una respuesta a corto plazo, crearemos problemas que vamos a lamentar durante muchos y muchos años.

2- Antes de aceptar los ingresos de este tipo de negocio (pocos para la mayoría de nosotros, ya que vienen con la pretensión de ser un paraíso fiscal para sus beneficios por un mínimo de 10 años) hay que considerar los costos.

No podemos ignorar que en estos negocios hay un gasto en seguridad pública, pues hay que aumentar el número de los agentes destinados a la vigilancia del entorno, tenemos gastos en términos de salud pública, gastos en términos de familias afectadas por la ludopatía, alcoholismo, drogas.

Realmente los únicos que sacan verdaderos ingresos de este negocio son sus dueños, nosotros nos quedamos con los gastos. Es interesante prestar atención a los estudios que se publican sobre la degradación de los entornos donde estos “parques temáticos del juego” se instalan. Aunque sólo mirásemos la relación entre ingresos y gastos, esta inversión sería muy cuestionable. Con seguridad es pan para hoy, pero hambre para mañana.

3- No es de despreciar el coste ecológico en términos de degradación del entorno del lugar en el que se pretende ubicar. Como mayordomos de la tierra, somos responsables de la mejor utilización del suelo.

4- Uno de los argumentos de más peso en la creación de este tipo de negocios privados es la creación de puestos de trabajo.

De hecho existen “negocios” tremendamente lucrativos en esta sociedad. Los “negocios” que más dinero y “empleo” producen en todo el mundo son la trata de personas, el tráfico y la venta de sustancias estupefacientes y el tráfico de armas. Por ahora, hemos considerado que, aunque producen dinero para unos pocos y “empleo” para otros, no son compatibles con los principios que queremos darnos como sociedad.

Hay líneas rojas que no queremos atravesar, aunque produzcan dinero y “empleo” porque valoramos más ese conjunto de valores, ya que ellos dan vertebración a la sociedad y, a medio y largo plazo, su resultado es mucho mejor.

5- Otro peligro no menor es poner al país de rodillas ante las grandes corporaciones extranjeras.

Si vamos a cambiar leyes o vamos a crear islas de alegalidad, como consecuencia de la presión de las grandes multinacionales, en las que se permitiría hacer excepciones a normas que nos obligan a todos, realmente perdemos soberanía y la traspasamos a las grandes multinacionales.

Uno de los derechos fundamentales es que todos somos iguales ante la ley, seas quien seas estás obligado por la misma ley. No debería ser posible, que por un puñado de dólares y de empleos, subastemos aquellos principios normativos en los que como país creemos.

6- Esta situación pone de manifiesto la necesidad de unos gobernantes que tengan valores sobre los que construir una sociedad.

Las sociedades no se construyen principalmente sobre cimientos económicos, sino sobre un conjunto de valores que produce resultados en todas las áreas, incluyendo el área económica.

La sociedad occidental se ha construido sobre unos valores y sobre unos principios espirituales, que nos han llevado a ser la sociedad de los Derechos Humanos.

Las situaciones de crisis ponen de manifiesto aquello en lo que estamos fundamentados, sale lo mejor y lo peor del ser humano. Necesitamos personas, y por ende gobernantes, con criterios, que sean creíbles y en los que podamos confiar. Cuando estos se dejan guiar, principalmente, por estas soluciones tan a corto plazo, nos damos cuenta de que un pragmatismo sin principios se está levantando y de que la ética, la verdad, y el bien común, están siendo vendidos a bajo precio.

Equipo de Autorización 

 

Ante las medidas anunciadas el pasado 11 de julio por el gobierno español ante el Congreso, en respuesta a la dramática situación de déficit en las cuentas públicas, queremos exponer como Alianza Evangélica Española.

1.- La grave situación de nuestro país es incuestionable: una recesión económica sin visos de inflexión inmediata; una tasa de desempleo que se acerca al 25%; una persistente desconfianza de los inversores; un sistema financiero sometido a la escrutadora revisión externa, por la evidente falsedad en las cifras publicadas por muchas de las entidades; una dependencia agónica de los fondos y medidas europeas… Y a todo eso hay que añadir una deuda pública que ningún inversor está dispuesto a adquirir, si no es a precios imposibles de pagar.

2.- Por todo ello es indiscutible que nuestra clase política –en las diferentes administraciones públicas, en las que casi la totalidad del espectro político tiene finalmente responsabilidad- debe tomar medidas que corrijan una situación insostenible, pues la falta de decisiones tan solo nos conduciría a la quiebra como país.

3.- Pero partiendo de esta situación de necesidad, es preciso que como ciudadanos –y más como cristianos- analicemos el enfoque y objetivo de tales medidas, así como los principios éticos que denotan las actitudes, prioridades y argumentaciones que llevan a tales decisiones.

3a.- En los últimos dos años y medio, la gestión de la crisis ha sido abordada por dos administraciones de distinto signo político, pero en todas las medidas adoptadas se ha reproducido un mismo enfoque: cargar el esfuerzo en la parte más débil y desprotegida de la sociedad.

La rebaja –cuando no la supresión directa- de las ayudas a parados y dependientes. Las sucesivas subidas del IVA, que empobrecen aún más a la población con menos recursos, por la propia naturaleza del impuesto. La progresiva disminución de recursos en la atención sanitaria pública, que ha disparado las listas de espera y disminuido el grado de eficiencia. Las congelaciones y reducciones de pensiones, que añaden vulnerabilidad a cientos de miles de ancianos muchos en situaciones límites o precarias. Las reiteradas mutilaciones salariales y de condiciones laborales a los funcionarios… Y en todas esas medidas han participado – por pasividad o activamente con su refrendo- prácticamente todas las fuerzas políticas casi sin distinción.

3b.- Pero lo auténticamente dramático es el sentimiento, cada vez más arraigado en la población, de estar sufriendo estas medidas por la irresponsabilidad de una casta política que vive alejada y de espaldas al pueblo al que debería servir.

Un país lo que difícilmente puede entender, asumir y sufrir, es la permanente falta de ética en el ejercicio de la función pública por los gobernantes. Porque en su ejercicio del poder vienen abusando constantemente de los fondos públicos a su alcance, con su permanente e irresponsable recurso al endeudamiento, permitiendo que muchas administraciones deban miles de millones de euros por compras y servicios nunca pagados o utilizados. Porque se han instalado en la hipocresía y la falacia, descalificando hoy al contrario para mañana hacer exactamente lo mismo. Y de nuevo en todo esto no queda prácticamente formación política que se libre. El problema está instalado en nuestro propio estilo de vivir y ejercer la democracia.

3c.- Vivimos una cultura de soborno político permanente. Entre las muchas instrucciones de orden social que Dios dio a su pueblo en tiempos de Moisés, encontramos una de tremenda actualidad para nuestro presente como nación: ‘No tomes soborno, porque el soborno ciega la sabiduría y pervierte la justicia(Deuteronomio 16:19). En nuestro país hemos institucionalizado el soborno como forma propia de gobierno y administración de los asuntos públicos.

Porque soborno es la proliferación de cargos de confianza política, multiplicados por miles en todo tipo de administraciones, organismos y empresas públicas. Cargos que suponen miles de millones de euros anuales, pero que nadie siquiera cuestiona. Para nuestros políticos parece más fácil recortar prestaciones y coberturas sociales a los más desprotegidos, antes que  perder todos esos destinos, con los que poder usar el dinero público para sostener a los ingentes cuadros de los partidos políticos.

Soborno es un sistema parlamentario, autonómico y municipal que impide el voto personal en conciencia, obligados todos a la disciplina partidaria bajo la sanción económica y al “no salir en la foto”.

Ese soborno institucional como modelo de ejercer la función pública es el que nos ha llevado a la actual situación, en la que los políticos muestran serias carencias de responsabilidad política y moral frente a la sociedad.. De ese modo pueden usar inmoral e ilegalmente los fondos públicos, con la seguridad de que sus compañeros cubrirán, justificarán y aún premiarán su proceder (el partido que esté libre de este pecado, que tire la primera piedra). Esa carencia ética es la que permite que el consejo de administración de la segunda caja de ahorros firmase unos falsos beneficios, para finalmente descubrir unas pérdidas de unos 25.000 millones (consejo formado por representantes del PP, PSOE, IU,

sindicatos y organizaciones empresariales, todos ellos responsables con sus firmas). España es uno de los países que más políticos tiene por número de habitantes del mundo y esto se ha constituido en la práctica habitual para que los partidos financien y sostengan a sus propios cuadros, convirtiéndose la clase política en una institución en sí misma, que parece tener por principal finalidad el perpetuarse.

Mantener una deplorable disciplina presupuestaria en muchas autonomías y gobiernos locales, mientras esas mismas administraciones recortan prestaciones sociales a la población. Favorecer amnistías fiscales para los defraudadores (repetidas por los dos partidos mayoritarios en sus gobiernos) mientras se penaliza a quienes cumplen la ley. Mantener subvenciones por decenas de miles de millones a actividades privadas, que deberían ser sufragadas por sus seguidores (partidos políticos, sindicatos, Iglesia Católica), mientras se recorta el gasto en educación, investigación, sanidad y lucha contra la pobreza… Nuestro día a día está lleno de evidencias de una pérdida de ética en las prioridades y en la toma de decisiones.

La historia nos cuenta que a finales del Siglo V AC, en tiempos del imperio persa, Nehemías fue nombrado gobernador de Jerusalén para abordar su reconstrucción tras largos años de devastación, ruina y miseria. Su modelo de gestión pública es un reto permanente: ‘Desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador… ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron

antes de mí abrumaron al pueblo tomando de ellos gravosos impuestos, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no lo hice así, a causa del temor de Dios… porque la servidumbre de este pueblo era grave’.

España necesita profundas y drásticas reformas estructurales, pero sin duda la más necesaria tiene que ver con el modo en que nuestros políticos entienden la función pública. Si no les mueve a recapacitar el temor de Dios, esperemos que al menos lo haga la gravedad de la servidumbre de su pueblo.

Equipo de Autorización

Como resultado de varias reuniones de cargos representativos de la Alianza Evangélica Española y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Comisión Permanente de FEREDE y la Junta Directiva de la AEE en un espíritu fraternal de colaboración llegan a los siguientes acuerdos:

1.-  Reconocimiento mutuo en el ámbito nacional e internacional

  1. La FEREDE y la AEE se reconocen recíprocamente como entidades hermanas pero de distinta naturaleza, ámbito de trabajo y representatividad. También hay áreas de interés común.
  2. La AEE reconoce a la FEREDE como el único interlocutor oficial ante el Gobierno y, por tanto, como representante del pueblo evangélico federado ante el Estado para negociar y desarrollar los Acuerdos firmados en 1992 u otros posteriores.
  3. La FEREDE reconoce a la AEE como una entidad federada, cofundadora de la Comisión de Defensa Evangélica (predecesora de la propia FEREDE), como uno de los organismos evangélicos interdenominacionales más antiguos de España, y desde su inicio hasta hoy, como una referencia importante -que no la única- en el pensamiento protestante español.
  4. Ambas partes reconocen y valoran la actuación y dimensión internacional de la otra y se comprometen a fomentar un espíritu de colaboración, de unidad y ayuda en la esfera internacional. A estos efectos la FEREDE reconoce que la AEE es la legítima representante ante la Alianza Evangélica Europea y Mundial, como única entidad española miembro de las mismas, y por ello la relación que pueda tener FEREDE con estas entidades tendrá en cuenta esa realidad y actuará sin menoscabo de la misma. Con el mismo criterio actuará la AEE en su relación con FEREDE reconociendo su representatividad nacional e internacional en el Foro Iberoamericano de Diálogo Evangélico y en todos los foros y entidades relacionados, entre otros, con la libertad religiosa, la negociación, desarrollo y seguimiento de acuerdos con los Estados y autoridades.

2.- Valoración y respeto del trabajo de ambas entidades

Cada entidad se compromete a respetar y valorar el trabajo de la otra en un espíritu de colaboración y no de competición. Ello se procurará expresar en gestos públicos que, sin implicar un trato de favor ni menoscabar la autonomía de cada entidad, mejoren la imagen y, en especial, el testimonio ante el pueblo evangélico y la sociedad española.

3.- Diálogo y cooperación.

En este espíritu, cualquiera de las dos entidades considerará de manera especial buscar la

relación, el apoyo y recabar la opinión de la otra en aquellos temas en que se considere necesario o conveniente. Se citan como ejemplo los siguientes:

  1. Se procurará mantener una comunicación fluida entre los máximos representantes de ambas entidades. Un clima de diálogo sincero y permanente es la mejor forma de evitar susceptibilidades y malos entendidos En este sentido se acuerda celebrar reuniones periódicas al máximo nivel (al menos una vez al año) de todos o parte de los cargos integrantes de la Comisión Permanente de FEREDE y de la Junta Directiva de la AEE.
  2. Se buscará la consulta mutua en cuestiones complejas y delicadas en las que la actuación de una de las entidades pueda implicar o afectar a los ministerios que la otra realiza. Se intentará converger en la medida de lo posible buscando la complicidad y respetando la pluralidad de opiniones que ciertos temas pudieran implicar. En último caso, las diferencias de opinión no sólo son legítimas, sino enriquecedoras siempre que se expresen desde el respeto.
  3. La emisión de comunicados conjuntos sería una excelente expresión de colaboración. D. La FEREDE invitará a la AEE a actos oficiales e institucionales al nivel de protocolo similar al de las grandes denominaciones evangélicas salvo que esto no sea posible por alguna razón justificada. Asimismo, la FEREDE será invitada a participar de manera oficial en los actos públicos de la AEE.
  4. Se trabajará para incrementar la información y el diálogo a distintos niveles entre ambas entidades.
  5. FEREDE pondrá este acuerdo en conocimiento de los organismos autónomos de FEREDE y Consejos Evangélicos Autonómicos para que actúen en consecuencia.

4.- Relación y cooperación en los medios de comunicación.

Se procurará que esta misma línea de cooperación y talante de respeto y reconocimiento

mutuo quede reflejado en los medios de comunicación vinculados a ambas entidades. A estos efectos se fijan los siguientes criterios:

  1. Ambas entidades informarán de las actividades relevantes de la otra y valorarán de forma activa y, siempre que se pueda, positivamente su trabajo en público.
  2. Se buscará cuidar al máximo los titulares para que se ajusten al contenido de las noticias que afecten a la otra entidad.
  3. Cuando alguna de las dos entidades vaya a publicar sobre algún tema relacionado con la otra,  se compromete a escuchar la opinión de la otra parte antes de hacerlo público.

5.-  Información sobre proyectos y posible participación en los mismos

Ambas entidades se comprometen a informarse de sus proyectos y no transmitir la idea de competición. En cualquier caso, y ante una situación que plantee alguna duda, se recomienda consultarse mutuamente y buscar en lo posible la participación de la otra en el proyecto que vaya a desarrollarse. Del mismo modo, se buscarán formulas de colaboración y participación en proyectos ya existentes de cada entidad, en especial cuando incida en el terreno de actividades impulsadas por la otra entidad, evitando duplicidad de iniciativas. Son gestos concretos de lo indicado anteriormente los siguientes ofrecimientos que cada parte realiza a la otra:

A.-  La AEE ofrece a FEREDE de manera libre y voluntaria:

     Que participe en el Observatorio Cívico Independiente (OCI) designado un representante en este organismo en calidad de vocal

     Que participe en Areópago Protestante como entidad asociada, con derecho a designar un vocal en la Junta Directiva de este órgano.

B.- La FEREDE ofrece a la AEE de manera libre y voluntaria:

    Que participe en Canal de Vida designado un representante en este organismo.

     Que participe en Red-fe como entidad asociada, con derecho a designar un representante en este proyecto.

     Que participe en la revisión y desarrollo de los libros de ERE designando revisores y consultores en este proyecto.

Estos acuerdos que se firmaron en Barcelona a 20 de enero de 2012 y fueron posteriormente ratificados por las respectivas Juntas, son una expresión del respeto mutuo y de  la comunión fraternal que ambas entidades desean mantener para edificación de las iglesias evangélicas en España y en beneficio del testimonio público de nuestra fe.

 

Daniel Rodríguez Ramos                                                                Amable Morales Díaz

Presidente FEREDE                                                                                 Presidente  AEE

Mariano Blázquez Burgo                                                                  Jaume Llenas Marín      

Secretario Ejecutivo FEREDE                                                                Secretario  General AEE

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