Recibimos desde el Gobierno el anteproyecto de la Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida para nuestra valoración, antes de su paso al Parlamento, para que les remitiésemos nuestra opinión y posibles propuestas, algo que realizamos en el plazo solicitado por parte de un grupo de profesionales expertos en esta área desde diferentes perspectivas (jurídica, ética, sanitaria). Agradecemos al Gobierno haber querido contar con nuestra opinión, que indirectamente recoge la postura protestante europea y mundial que representa nuestra participación activa en las Alianzas Evangélicas respectivas.

No hemos hecho ninguna manifestación externa a la espera de que el texto definitivo del Proyecto de Ley pasase al Parlamento, algo que ya ha ocurrido, por lo que pasamos a una valoración pública del mismo.

VALORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

La atención a las personas en el proceso del morir es una obligación ética que debe ser satisfecha tanto por los poderes y administraciones públicas, como por los propios profesionales sanitarios. Por ello, consideramos que la regulación legal de los cuidados paliativos puede ser  de  ayuda para garantizar en  este momento vital de  la  persona una atención acorde a su dignidad inherente.

En este sentido, celebramos la iniciativa del Gobierno de España en cuanto a manifestación de sensibilidad a la situación del enfermo al final de la vida y terminal, y de su familia, valorando positivamente las opciones de cuidados paliativos en el domicilio del paciente, el acompañamiento de familiares y la atención espiritual en el centro sanitario, aspectos que, por otra parte, no hacen necesaria en sí mismos una nueva Ley.

Sin embargo, hemos de manifestar nuestra posición discordante con el Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida por las siguientes razones:

  1. En primer lugar, y en cuanto a la oportunidad de la Ley, no vemos la necesidad de la misma,  ya  que  aquellos  aspectos  novedosos  y/o  positivos  que  recoge  se  podrían  haber aplicado sin realizarla.                                                                                                                                                                                                          Lo anterior no es óbice para reconocer la existencia de algunos aspectos positivos como la prohibición del encarnizamiento terapéutico o el énfasis en la importancia del testamento vital.
  2. Echamos en  falta  una mayor definición de  la  necesidad de  formación en  cuidados paliativos de los profesionales sanitarios que atienden a las personas en el proceso del morir.
  3. Se aprecia en el Proyecto de Ley una indefinición en el uso de algunos términos. Así, cuando se habla del pronóstico de supervivencia de un paciente en situación terminal se hace de modo impreciso –semanas o meses–, no atendiendo así a lo recogido por respetadas sociedades científicas, como la SECPAL, que establecen un plazo de supervivencia no superior a seis meses para los pacientes en situación terminal. Esta cuestión es importante, ya que la redacción que contiene el Proyecto de Ley genera incertidumbres respecto al paciente que es -o puede ser- sujeto de los derechos contenidos en esta norma.
  4. En relación al consentimiento de los menores de más de dieciséis años y menores emancipados, y tomando en consideración que estamos ante una propuesta normativa que permite a un paciente rechazar un tratamiento o suspender uno ya iniciado, habría sido necesario  introducir en la norma la consulta preceptiva a los padres, de modo que estos, sin menoscabo del  respeto  de  los  derechos  personalísimos del  hijo,  puedan  ser  parte  en  el proceso de toma de decisiones, habida cuenta del importante papel de acompañamiento y cuidado que van a desempeñar en la mayoría de los casos.
  5.  Constatamos como algo claramente negativo la ausencia e incluso eliminación de la lex artis en la actuación médica en el proceso de atención al enfermo en situación terminal. 

Sin perjuicio del debido respeto a  la  autonomía del paciente, prescindir del juicio clínico emitido para un caso concreto es una puerta abierta a situaciones en las que la decisión de la actuación médica deba estar sometida a lo que el paciente quiera decidir, incluso si está en contra de la mencionada lex artis, lo que resulta en una contradicción ética, ya que una malapraxis   nunca   queda   legitimada   por   el   consentimiento   del   paciente.   En   estas circunstancias, resulta además evidente la necesidad de articular el derecho a la objeción de conciencia por parte del profesional, derecho que el proyecto no contempla.

6.En el mismo sentido anterior, consideramos alarmante e inadecuada la propuesta que contiene el proyecto dirigida a suprimir el inciso tercero del artículo 11 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente, que declaraba la nulidad de las instrucciones previas que fueran contrarias a ordenamiento jurídico, a la «lex artis», y las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas.

La  supresión  de  esta  norma  pondría  a  los  profesionales  en  la  tesitura  de  obedecer instrucciones previas contrarias a la buena praxis, o que no responden a lo que la persona, cuando todavía podía decidir, había escogido para el final de su vida.

7.  Finalmente, la regulación que hace el proyecto del derecho al tratamiento del dolor es contradictoriamente imprecisa y reduccionista.

Imprecisa,  porque  su  redacción  no  aporta  nada  que  no  se  haga  actualmente  desde  las unidades  de  cuidados  paliativos:  enfoque integral,  prevención y  alivio  de  su  sufrimiento, identificación temprana y evaluación y tratamiento del dolor y de otros problemas físicos y psíquicos que pudieran surgir.

Reduccionista, porque de entre todo lo que significa una atención realmente integral al paciente en situación terminal y a su familia –que no puede quedarse fuera en este proceso–, destaca la sedación paliativa, desoyendo, también aquí, a las sociedades profesionales que han descrito (con apoyo abundante en evidencia científica) todas las posibles acciones que conllevan un adecuado control de dolor tanto físico como psicológico y las medidas de confort que son necesarias.

Todo  ello  pone  de  manifiesto,  una  vez  más,  la  inadecuación de  la  Ley  para  regular  la prestación de cuidados paliativos y la protección de los derechos de los pacientes en situación terminal.

8.- Por todo lo anterior, por la premura en la elaboración de la Ley sin un auténtico debate social, y por los aspectos negativos mencionados, consideramos que este Proyecto debe ser retirado y reevaluado.

Equipo de Autorización

Ante el actual debate acerca de la presencia de los símbolos religiosos en los actos oficiales, así como el inminente debate en  el  Congreso  de  los  diputados  de  los  acuerdos  entre  el Estado español y el Estado del Vaticano, como Alianza Evangélica Española queremos aportar nuestro punto de vista dentro de la perspectiva protestante a estos temas con los siguientes puntos y propuesta.

1.- Símbolos religiosos en actos públicos

Creemos que las ceremonias oficiales de entidades o instituciones públicas en España deberían carecer de símbolos religiosos, ya que el compromiso,  promesas o ceremonia se realizan desde la base de ser parte de la ciudadanía española, la Constitución, y en la esfera de lo común y no de la fe personal de la persona que participa.

Junto a esto, creemos que las ceremonias públicas (ceremonias de Estado y otras similares) como regla no deberían tener un carácter religioso y menos de tipo “monocolor” confesional. Hablamos de norma general por que por las mismas razones expuesta en el párrafo anterior deben carecer de contenido religioso. Pero si se decidiere excepcionalmente que lo tuviese (algo que debería restringirse a situaciones muy concretas y especiales, como fue tras el 11M, por poner un caso concreto, en el que con fallecidos de diferentes confesiones tristemente se realizó una ceremonia de Estado católica) deberían responder a las circunstancias específicas y concretas del acto sin que tenga a priori una confesionalidad concreta salvo la que requiera el contenido del propio acto.

Por las mismas razones, se debería asegurar que las instalaciones para uso religioso de carácter público no sean de carácter monoconfesional y estén adecuadas para su uso por cualquier creencia o confesión religiosa (en especial los símbolos religiosos, que deberían ser movibles, y estar a disposición de cualquier confesión, o ausentes si así lo prefiriesen los oficiantes). En concreto las capillas de cárceles, hospitales, aeropuertos, y cementerios de titularidad pública deberían cumplir este requisito.

2.- Acuerdos España-Vaticano 

La Constitución de 1978 incluyó en su redacción una referencia explícita a la Iglesia Católica que se podía explicar por la coyuntura histórica del momento y la voluntad de hacer una transición suave hacia la reforma democrática haciendo concesiones a instancias de poder y privilegios que parecían entonces intocables. Todos concordamos en que la actual situación política y social es totalmente diferente y, si hubiese que redactar esa misma constitución hoy, habría un consenso mayoritario a favor de prescindir de esa referencia explícita a la Iglesia Católica; por tanto, consideramos que así se debe hacer en el momento en el que se considere oportuno abordar la necesaria reforma de la Constitución.

También, aunque entendemos la enorme dificultad que conlleva, consideramos que es una atentado contra la libertad religiosa la existencia de unos Acuerdos entre un Gobierno democrático como el Español –heredados de un Gobierno autocrático- con un Estado extranjero (el Vaticano) por el que se confieren determinadas ventajas legales a las instituciones religiosas y ciudadanos españoles que se declaren afines y dependientes del estado extranjero. Es sin duda una deuda que debe terminar en algún momento por las injusticias morales y sociales al amparo de la legalidad de los Acuerdos.

Si no es posible anularlos, al menos deberían modificarse sustancialmente. Hay que abordar la renegociación de esos acuerdos o en su caso replantearse la necesidad de su continuidad.

3.- Propuestas

1. Creemos  que  las  ceremonias  oficiales  de  entidades  o  instituciones  públicas  en España deberían carecer de símbolos religiosos, ya que el compromiso,   promesas o ceremonia se realizan desde la base de la ciudadanía española, la Constitución, y en la esfera de lo común y no de la fe personal de la persona que participa.

Junto a esto, creemos que las ceremonias públicas (ceremonias de Estado y otras similares) no deberían tener un carácter religioso salvo situaciones muy excepcionales, y en este último caso nunca con un carácter “monocolor”.

Se debería también asegurar que las instalaciones para uso religioso de carácter público no sean de carácter monoconfesional y estén adecuadas para su uso por cualquier creencia o confesión religiosa (en especial los símbolos religiosos). En concreto las capillas de cárceles, hospitales, aeropuertos, y cementerios de titularidad pública deberían cumplir este requisito.

2.  La Constitución española debería excluir en su redacción la referencia explícita a la

Iglesia Católica (y por supuesto a cualquier confesión religiosa concreta).

3. Si no fuese posible la anulación de los Acuerdos Estado español-Estado Vaticano se debería realizar una profunda remodelación de los mismos

4. Es necesario aprobar una ley para las instituciones, organismos y cargos públicos que regule la neutralidad religiosa en participaciones oficiales. Los cargos públicos y las instituciones deben practicar una actuación neutral en su participación en la vida pública. Sólo de esta manera se asegura la pluralidad religiosa.

5Promover la aprobación una ley común de entidades religiosas que regule los derechos y obligaciones de todas las confesiones.

 

Equipo de Autorización

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